Cada persona tiene el derecho de controlar su fertilidad y ejercer su autonomía reproductiva. Esto es particularmente crucial para las mujeres, las niñas y aquellas personas que pueden quedarse embarazadas.
Cada individuo tiene, además, derecho a la vida, la salud y a ser libre de violencia, discriminación y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. El acceso al aborto es crucial para proteger estos derechos, así como todos los demás derechos humanos reconocidos en el derecho internacional.
Miles de personas y activistas de derechos humanos se reunieron en la plaza Dam para asistir a una manifestación por el derecho al aborto en todo el mundo, el 7 de mayo de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos. © Pierre Crom/Getty Images
Toda persona tiene derecho universal a la salud
La salud es un derecho fundamental para todas las personas. La mayoría de las muertes y lesiones por abortos inseguros son prevenibles. Penalizar el aborto no detiene su práctica, simplemente la vuelve más peligrosa. Cuando el acceso al aborto está restringido o penalizado, las personas embarazadas, especialmente aquellas de comunidades marginadas sin recursos para viajar o atención privada, pueden verse obligadas a recurrir a métodos clandestinos e inseguros.
Los abortos inseguros son la tercera causa principal de muerte materna evitable en el mundo y causan cinco millones de discapacidades evitables, según la Organización Mundial de la Salud.
Por estas razones, garantizar un acceso seguro al aborto es crucial para la salud pública y es una parte esencial de nuestro derecho universal a la salud.
Protesta por el derecho al aborto cerca del Tribunal Supremo en Washington DC, el 26 de marzo de 2024. © Lauren Murphy/Amnesty International USA
Entendiendo el aborto, ¿por qué es crucial?
El aborto es un procedimiento médico que interrumpe el embarazo. Es un componente fundamental de la atención médica que necesitan millones de mujeres, niñas y otras personas capaces de quedar embarazadas. Se estima que uno de cada cuatro embarazos termina en aborto cada año.
En los lugares donde el aborto es legal, accesible y menos estigmatizado, las personas pueden someterse a este procedimiento de manera segura y sin riesgos.
Por el contrario, en lugares donde el aborto es estigmatizado, penalizado o restringido, las personas se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros. La OMS estima que cada año ocurren 25 millones de abortos inseguros, la mayoría en países en desarrollo, lo que puede provocar consecuencias fatales como muertes maternas y discapacidades. Por ello exige que todas las personas, incluidas las adolescentes, tengan acceso a educación sexual integral, métodos anticonceptivos eficaces, abortos seguros y atención médica oportuna en caso de complicaciones.
Una activista marroquí se manifiesta después de que una niña de 14 años muriera como consecuencia de un aborto clandestino e inseguro en la capital, Rabat. © Fadel Senna/AFP vía Getty Images
Desafíos y barreras en el acceso al aborto
Cuando a una persona se le niega el acceso al aborto debido a la penalización, leyes restrictivas u otras barreras, se socava su capacidad para ejercer la autonomía reproductiva y disfrutar de sus derechos humanos.
Sin embargo, las leyes no son el único obstáculo a la hora de considerar un aborto.
Muchas personas no pueden acceder a un aborto porque no pueden ausentarse del trabajo para acudir a citas médicas o no pueden costearse el viaje a otro país o Estado donde el procedimiento esté permitido. Además, enfrentan el estigma social, lo que complica aún más el ejercicio de sus derechos.
Para asegurar un futuro mejor donde el derecho al aborto esté garantizado para todas las personas, no basta con despenalizar el aborto. También es necesario abordar las profundas barreras sociales, culturales y económicas que dificultan el pleno ejercicio de los derechos reproductivos.
Forzar a alguien a continuar con un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos, incluidos el derecho a la intimidad, la autonomía corporal y reproductiva.
Tarah Demant es Directora Nacional de Programas de Amnistía Internacional Estados Unidos, donde hace campaña sobre cuestiones como la justicia de género y el derecho al aborto. © Amnesty International USA
Las consecuencias de penalizar el aborto
En todo el mundo, las personas enfrentan una serie de obstáculos para acceder al aborto. En países como Estados Unidos, Sierra Leona, Polonia y Marruecos, el aborto o la asistencia para abortar están penalizados. Las leyes restrictivas varían significativamente entre países, y en lugares como Guinea Ecuatorial y Zambia, las personas pueden enfrentar cadena perpetua por recurrir al aborto, mientras que quienes ayudan también pueden ser penalizadas.
En algunos países, el aborto solo se permite en circunstancias específicas, como violación, incesto, riesgo grave para la salud del feto o de la persona embarazada. Sin embargo, estas excepciones son limitadas y no cubren la mayoría de los casos, lo que restringe severamente los derechos reproductivos de muchas personas.
La penalización del aborto agrava la situación especialmente para las personas que ya están marginadas. Los servicios de salud suelen ser menos accesibles para personas de bajos ingresos, refugiadas, migrantes, LGBTI, indígenas y racializadas. En este sentido, la denegación del aborto constituye una forma de discriminación de género contra mujeres, niñas y cualquier otra persona con capacidad para quedarse embarazada. Este hecho ha sido reconocido por diversos órganos de tratados de la ONU, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Pero no solo las mujeres y niñas cisgénero necesitan acceso a servicios de aborto; todas las personas con capacidad reproductiva, incluidas personas intersexuales, hombres y niños transgénero, y personas con diversas identidades de género, pueden requerir estos servicios. Es crucial que las iniciativas para mejorar el acceso al aborto consideren las necesidades específicas de las personas LGBTI, quienes enfrentan formas interseccionales de discriminación y estigma al buscar atención médica, incluyendo el acceso a servicios de aborto.
Justyna Wydrzyńska, activista polaca a favor del derecho al aborto es caso de Amnistía Internacional. Ha sido condenada a 8 meses de trabajo comunitarios. © Karolina Domagalska
Defensores y defensoras por el derecho al aborto: retos actuales y desafíos
En todo el mundo, las personas que defienden el derecho al aborto se enfrentan a una serie de desafíos, incluyendo activistas, docentes, acompañantes, doulas y profesionales de la salud.
Estos defensores y defensoras están expuestos a la estigmatización, agresiones físicas y verbales, intimidación, amenazas y enfrentan criminalización a través de procesos judiciales injustos, investigaciones y detenciones. A pesar de estas adversidades y del escaso reconocimiento, continúan su labor, apoyando a numerosas mujeres, niñas y cualquier persona con capacidad reproductiva en el ejercicio de su derecho al aborto.
Amnistía Internacional y la defensa del derecho al aborto
En Amnistía Internacional, defendemos el derecho de toda persona a ejercer su autonomía corporal y tomar decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la elección de tener hijos y el momento adecuado para ello.
Es fundamental que las leyes relacionadas con el aborto respeten, protejan y aseguren los derechos humanos de las personas embarazadas, evitando así la necesidad de recurrir a abortos inseguros.
Por lo tanto, instamos a los Estados de todo el mundo a cumplir con su obligación de garantizar el derecho al aborto para todas las personas, así como a respetar y proteger los derechos de quienes defienden este derecho.
