Murieron por el impacto de pelotas de goma, por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes y cuerpos de seguridad españoles y/o marroquíes, murieron ahogados, murieron después de ser apaleados. Trece de ellos en septiembre de 2005, al menos
otros 14 en la playa del Tarajal en febrero de 2014. Son frases a las que nos hemos acostumbrado, y, sin embargo, esos datos y esas cifras solo representan una mínima parte de lo que les ha sucedido a las personas migrantes y refugiadas en las últimas décadas, caracterizadas por una continuidad en la política de cierre de fronteras. Corría el año 1978 cuando nacía Amnistía Internacional en territorio español, un año todavía convulso en el que sin embargo España,
un país que había generado más de 400.000 refugiados durante la Guerra Civil, firmaba su adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951. Pero no ha sido precisamente el camino de la protección el que han tomado las autoridades españolas con respecto a las personas migrantes y refugiadas que llegaban a su territorio.
De país emisor a país receptor de personas migrantes y refugiadas, no fue hasta la década de los 90 cuando a España comenzó a llegar un número cada vez mayor de personas, especialmente procedentes de África subsahariana. Y con esas llegadas, vino también el incremento en las políticas de guante de seda y puño de hierro: mientras hablaba de su apertura, España comenzaba con la
construcción de sus vallas en Ceuta y Melilla, únicas rutas terrestres desde África a Europa, y de sistemas de vigilancia alternativos que permitían detectar embarcaciones en la costa meridional española, así como del refuerzo del número de agentes para patrullar las áreas de entrada. No en vano, sólo en 2005, las autoridades españolas se gastaron casi 40 millones de euros en reparar y reforzar las vallas.
De la invisibilización a la criminalización
Un migrante subsahariano se sienta en la parte superior de un poste junto a la valla de Melilla, mayo de 2014. © AP Photo/Santi Palacio
“Los refugiados son invisibles en España”, comenzaba el
informe de 2005 de la organización, en el que se analizaban las violaciones de derechos humanos de que eran víctimas las personas migrantes y refugiadas en la Frontera Sur, algunas de las cuales, como las expulsiones sumarias sin los debidos procedimientos, los abusos policiales, o las dificultades para poder solicitar asilo, especialmente en frontera, se
siguen sucediendo, “gracias” a la impunidad con la que se producen estos abusos.
La invisibilización de estas personas, que huyen en muchas ocasiones de la guerra y la persecución, se mostraba hasta en el nombre que se les otorgaba: “ilegales”, o como mucho, “irregulares”. Pero la realidad era mucho más dura que un nombre, especialmente en nuestra frontera sur. "No sois más que negros. No hagáis preguntas",
contaba C.M., maliense, sobre un comentario que le había espetado un policía español en Melilla. Una muestra más sobre cómo en el discurso político y mediático de los años 90 en España se han invisibilizado las aportaciones positivas de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de las mujeres, aportes sobre cuidados, sobre el empleo de la construcción, la hostelería, la industria agroalimentaria, sobre su contribución a la seguridad social, etc.
“De invisibilizar se ha pasado a vincular a las personas migrantes con la delincuencia, y, tras el 11 de septiembre, a hablar de la migración como un problema de seguridad nacional. Es decir, aparece un relato que hace acusaciones directas de que pueden estar llegando terroristas, para legitimar unas políticas migratorias que tienen un gran impacto en los derechos humanos de estas personas”, añade el informe.
Y en medio de ese relato, España ha dado gigantescos pasos hacia atrás, por ejemplo, mediante la introducción de una disposición en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) para legalizar una práctica prohibida por el derecho internacional: las denominadas devoluciones en caliente. Y es que
a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que determina que las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”, son ilegales, solo desde del mes de octubre de 2017 en que salió la sentencia, al menos 40 personas habrían sido expulsadas de manera ilegal, corriendo el riesgo de ser sometidas a tortura y malos tratos, si bien este número podría llegar al menos hasta las 130 personas.
Un migrante subsahariano es devuelto a Marruecos por oficiales de la Guardia Civil española tras saltar la valla de Melilla, 17 de mayo de 2014. © AP Photo/ Santi Palacios
Ceuta y Melilla, en el limbo
"Lo peor era la frontera maliense con Argelia [controlada por grupos armados]. Tienes tanto miedo que no puedes hablar. Se quedan tu dinero, tu teléfono, y te conviertes en su esclavo. Te dicen todo lo que tienes que hacer, hasta cuándo ducharte", relataba Musa, de Sierra Leona, sobre su viaje en busca de protección hasta llegar a España.
Tras una odisea que suele incluir viajes por el desierto, malos tratos por parte de los traficantes (a los que no tienen más remedio que acudir en muchas ocasiones) y la amenaza constante de la muerte, la mayoría de las personas migrantes y refugiadas que hacen esta ruta llegan a los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes), situados en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. Compuestos por barracones con habitaciones de ocho metros cuadrados, en las que suelen dormir hasta diez personas, la mayoría de quienes pasan por ellos prefiere no solicitar asilo, para no quedarse esperando en estos lugares por tiempo indefinido sino poder ser trasladados a la Península. Sin embargo, las estancias han dejado de ser temporales en los CETIs. Durante sus más recientes visitas, Amnistía Internacional ha podido comprobar algunas mejoras en los de Ceuta y Melilla, pero también cómo muchas personas esperan hasta un año para ser trasladados a la Península.
“Nos encontramos, en la frontera sur, con un escenario marcado por el color de la piel: la discriminación por nacionalidad está prohibida por la Convención de Ginebra, pero no se aplica en Ceuta y Melilla, de manera que una persona por el color de su piel no tiene ni siquiera acceso a la oficina que se ha creado hace poco en Ceuta y Melilla para tramitar las solicitudes de asilo de las personas sirias que están llegando”, asegura Itziar Ruiz-Giménez. “Se oculta que en África también hay violencia y conflictos, como los del Sahel [Malí, Somalia, Eritrea… ]” añade.
Y a pesar de todo, el desamparo: la Ley de Asilo en España
Migrantes subsaharianos, algunos de ellos heridos tras saltar la valla de Melilla, miran desde el interior de un CETI. © AP Photo/ Santi Palacios
En 2001, Amnistía Internacional publicaba “
El asilo en España: una carrera de obstáculos”, para denunciar unas trabas bastante similares a las que, 15 años después, denunciaba en “
El asilo en España: un sistema de acogida poco acogedor”.
“España ha mantenido durante todas estas décadas una política de asilo poco generosa, especialmente desde su entrada en la UE en 1986, donde inició su papel de “portero” para retener, en la medida de lo posible, la llegada de personas al resto de países europeos, algo que se reforzó con los acuerdos de externalización con países como Marruecos o Senegal. ¿Para justificarla?
El discurso del miedo”, analiza Ruiz-Giménez. No solo mediante algunas
declaraciones de políticos, también a través de agencias como Frontex, que se encargan de
alarmar sobre la necesidad de combatir el tráfico de personas, mientras se criminaliza a las organizaciones que tratan de salvar a quienes pueden morir en el cementerio que lleva años siendo el Mediterráneo.
Es fácil distinguir a quienes han sobrevivido a un naufragio, o a varios: llevan el rugido de las olas pegado al cuerpo. Y aun así, ver desaparecer a amigos, mujeres embarazadas, compañeros de viaje o niñas en el agua no es lo peor que les ha pasado en su camino hacia Europa.
Es duro reconocer a las mujeres que han sido víctimas de trata y esperan, silenciadas, con las lágrimas afilando sus mejillas, que nadie note que las están vigilando para poder pagar sus deudas y recuperar el control de sus vidas. Como Marian, a quien conocimos en Melilla enganchada a unos auriculares. “Me lo han dejado para escuchar música, a ver si me calmo”, indicaba, mientras no paraba de repetir: “He adelgazado mucho, yo antes era gorda”.
Lo que no parece tan sencillo es hacer entender a las autoridades que las personas que huyen de la guerra y la persecución van a seguir haciéndolo, por muchas trabas que se les pongan en el camino. Y que la construcción del discurso del miedo y el odio tiene consecuencias y pueden ir calando, dejando desprotegida a la población migrante y refugiada frente a ataques racistas,
como sucedió cuando estallaron los terribles disturbios racistas en El Ejido en el año 2000. O como ocurre con otra frontera más invisible, la que tienen que enfrentar diariamente muchas personas, incluso españolas con ciertos rasgos raciales, cuando se someten a
redadas policiales con perfil racial que refuerzan el prejuicio de la delincuencia.
Que las personas no van a dejar de huir de las situaciones humanamente intolerables en sus países lo descubres cuando ves cómo arrastran fuera del ferry de Ceuta a Algeciras a unas personas, tiritando de frío y muertas de miedo, tras haber intentado colarse en las peligrosas hélices que podrían haberles costado la vida, y la respuesta de los parroquianos en el bar del barco es: “Todavía, si fueran sirios...”. >
