En el Día Internacional de las Personas Migrantes, 18 de diciembre, Amnistía Internacional señala cinco grandes cuestiones de derechos humanos, con muchas sombras y algunas luces, que identifica este 2020.
El cierre de fronteras durante la pandemia, el hacinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, el aumento de llegadas a Canarias en cayucos, sin que hubiera un mecanismo de emergencia preparado para este incremento, las sentencias sobre las expulsiones a través de la frontera sur de aquellas personas que saltan la valla en Ceuta y Melilla… Han sucedido muchas cosas en este trágico 2020 con las personas migrantes y refugiadas como “protagonistas”, aunque fuera con un protagonismo que ni ellas mismas deseaban.
Personas refugiadas y migrantes, entre ellos varios menores, se calientan junto al fuego mientras intentan entrar en Grecia desde Turquía, 1 de marzo de 2020 en Edirne, Turquía. © Burak Kara / Getty Images)
Cierre de Fronteras y suspensión del derecho al migrar
Por primera vez en la historia reciente, los Estados europeos cerraron las fronteras en marzo de 2020 con motivo de la declaración del estado de alarma para luchar contra la COVID-19. A día de hoy, 18 de diciembre, apenas se permite la llegada de nacionales de unos pocos Estados fuera de la UE, sin que se haya previsto medida alguna que permita la llegada de personas extranjeras necesitadas de protección por otra vía.
La lucha contra la COVID-19 ha servido como justificación para que los gobiernos ignoren los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuya aplicación parece haber quedado en suspenso durante todo el año 2020. El derecho a buscar refugio en un tercer Estado parece haber quedado suspendido en la práctica, sin que los gobiernos hayan propuesto alternativas humanitarias.
La ausencia de vías legales y seguras, el férreo control de las fronteras exteriores europeas y el deterioro económico de sus comunidades de origen agravado por la pandemia, pueden ser las causas principales que han obligado a muchas personas a tomar rutas más largas y peligrosas de acceso a Europa, como ha sido la de Canarias.
Migrantes africanos tras llegar a la costa de la isla de Gran Canaria, el domingo 1 de noviembre de 2020. © Foto AP / Javier Bauluz
Del CETI de Melilla al muelle de Arguineguín en Canarias
En lo que respecta a España, es un motivo de gran preocupación la actual crisis que se está viviendo en las Islas Canarias, donde se han incrementado de manera considerable las llegadas de personas migrantes en los últimos meses, a pesar de lo peligroso de la ruta, cobrando muchas vidas durante 2020, más de 500 en lo que va de año, esencialmente entre octubre y noviembre.
A pesar de que ya desde principios de año se empezaron a incrementar las llegadas por esta vía, la gestión por las autoridades ha estado rodeada de improvisación, desatendiendo incluso las necesidades más básicas de las personas migrantes, entre las que se encontraban posibles refugiadas.
Una vez más, la respuesta institucional ha sido la implantación de la política de dificultar los traslados a la península como forma de disuasión. Y, como consecuencia, han permitido de nuevo que se creen campamentos para acoger a personas migrantes y refugiadas que no respetan las condiciones de dignidad y seguridad de las que allí se ven obligadas a vivir. Las imágenes del Muelle de Arguineguin, son solo una muestra de la falta de una verdadera política en materia migratoria.
También en Melilla, Amnistía Internacional ha denunciado que desde desde antes del inicio de la pandemia ya se estaban incumpliendo los estándares internacionales sobre las condiciones de acogida de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
El constante estado de hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, o el uso de instalaciones no aptas para acoger a personas que se crearon durante la pandemia, como la plaza de toros de la ciudad, en unas condiciones deplorables, han sido espacios donde los protocolos sanitarios han sido de deficiente aplicación.
Amnistía Internacional lanzó una campaña solicitando el traslado urgente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a centros adecuados en otras zonas del país y una acogida y condiciones sanitarias dignas para todas ellas.
Personas refugiadas y migrantes son rescatadas por miembros de la ONG española Proactiva Open Arms tras partir de Libia tratando de llegar a suelo europeo a bordo de un bote abarrotado, 11 de noviembre de 2020. © Foto AP / Sergi Camara
Criminalización de la solidaridad a quienes ayudan a personas migrantes
Frente a una política migratoria que ponga en primer término la defensa de la vida, tanto los gobiernos europeos como las instituciones europeas han seguido criminalizando a personas u organizaciones que trataban de prestar ayuda a las personas migrantes.
Así lo denunció Amnistía Internacional en un informe publicado en marzo de 2020, donde señala cómo han desplegado una serie de medidas restrictivas, sancionadoras y punitivas contra personas y grupos que defienden los derechos de la población en movimiento, con medidas como utilizar normas de inmigración y lucha contra el terrorismo para restringir indebidamente el derecho a defender los derechos humanos.
En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar cuando los propios Estados no lo estaban haciendo. Al castigar a quienes se ofrecen a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos hacen que las personas en movimiento corran mayor peligro aún.
En el caso de las autoridades españolas la amenaza de multas de hasta 901.000 euros al barco humanitario Open Arms después de poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central desde Nápoles en junio de 2019, ha sido un ejemplo de esta práctica.
Protesta exigiendo la reubicación de las personas refugiadas que quedaron sin hogar tras el incendio que destruyó el campamento de Moria en la isla griega de Lesbos, 17 de septiembre de 2020. © AP / Francisco Seco
Un año de sentencias importantes para los derechos de las personas migrantes y refugiadas
En una primera sentencia, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos considera que el Estado español no transgredió el Convenio Europeo de Derechos Humanos al retornar inmediatamente a Marruecos a N.D. y N.T., dos personas subsaharianas que intentaron acceder a Melilla a través de la valla, ya que -desde su argumentación- la ausencia de procedimiento administrativo de retorno y demás garantías procedimentales no se consideran incumplimientos reivindicables ante una entrada irregular, basándose en una falsa premisa de posibilidad de acceso por vía legal y segura de los demandantes. Tanto por los términos en los que está expresada como por el precedente que genera, esta sentencia supone un golpe para los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Más recientemente, el Tribunal Constitucional español se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificaba la Ley de Extranjería introduciendo una nueva figura reguladora de los “rechazos en frontera” aplicable solo a Ceuta y Melilla.
Este aparente “amparo” judicial no puede hacernos olvidar que las devoluciones sumarias son prácticas que vulneran derechos humanos, ya que la aplicación práctica de garantías de derecho internacional, como tener acceso a los procedimientos de solicitud de asilo y a recurrir cualquier decisión, no resulta compatible con una expulsión inmediata de territorio europeo.
El último pronunciamiento judicial de especial relieve este año lo ha dictado el Tribunal Supremo en una sentencia de julio de este año en la que reconoce el derecho que tienen las personas solicitantes de asilo de Ceuta y Melilla a la libertad de circulación por todo el territorio del Estado.
Este pronunciamiento revoca una práctica administrativa consistente en restringir a los y las solicitantes de asilo la circulación únicamente por su respectiva ciudad autónoma, sin permitirles trasladarse a la península.
Un migrante mira a través de una alambrada semiderruida. © Foto AP / Michael Svarnias
Cierre provisional de los Centros de Internamiento de Extranjeros
Uno de los pocos hitos que nos ha ofrecido motivos de celebración en este 2020 fue el vaciamiento de todos los centros de internamientos de extranjeros (CIEs) de España en abril, ante la constatación por parte de la Administración de la imposibilidad de ejecutar expulsiones en el contexto de pandemia.
Sin embargo, estos centros han sido reabiertos en septiembre a pesar de que las condiciones sanitarias ni en España, ni en los países de origen de las personas internadas, han mejorado considerablemente desde primavera.
Por otro lado, en el último trimestre de este año se han producido los primeros vuelos de repatriación desde la declaración del estado de alarma, tramitando órdenes de devolución desde Canarias sin que las personas hubieran podido recibir una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos.
En septiembre, la Comisión Europea presentó el nuevo el pacto en materia de migraciones que viene a consolidar la política europea centrada casi en exclusiva en retornar a todas aquellas personas que lleguen de forma irregular. Los escasos mecanismos que permiten la llegada de forma legal a Europa prácticamente han desaparecido.
En el Día Internacional de las personas Migrantes recordamos a los y las dirigentes que apuesten por abordar las prácticas que rodean a las migraciones partiendo de la base de que migrar es un derecho humano, poniendo en el centro la dignidad de todas las personas. Impulsando mecanismos que faciliten la transparencia y permitan la rendición de cuentas cuando se vulneran sus derechos.
Es hora de que nuestros mares y océanos, que llevan años convirtiéndose en una gran tumba, dejen de serlo de una vez, para lo que es improrrogable priorizar el respeto a la vida y a la libertad de movimiento de las personas.
