El martes pasado el Consejo de Ministros aprobó la declaración de emergencia climática y anunció su compromiso de priorizar la acción climática en los cien primeros días de Gobierno.
Las medidas que se presentan como más inmediatas son la presentación al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que se presenta como un espacio que incluirá la participación de los jóvenes.
La acción climática debe ser uno de los ejes centrales del programa político de cualquier gobierno hoy en día. España, como el resto de Estados, debe actuar en respuesta a la urgencia que ha venido exigiendo la comunidad científica y las movilizaciones masivas de personas que gritaban en este país y en otros que necesitamos medidas urgentes ya.
No queda tiempo. La emergencia es la única respuesta posible a la altura del reto del impacto del cambio climático en nuestros derechos. No es una amenaza a futuro. Ya estamos sufriendo los impactos del nivel actual de calentamiento de global de un 1 °C por encima de los niveles preindustriales.
Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático está repercutiendo de forma dañina en nuestro derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida. Fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y los incendios, ya están destruyendo viviendas y obligando a muchas personas a desplazarse. Un mayor riesgo de desnutrición a consecuencia de la disminución de la producción de alimentos en las regiones pobres, y un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua y por vectores están ya conllevando un riesgo en nuestra salud. Es tal la alarma que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) predice que se espera que el cambio climático cause 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050.
Una vista aérea de una ciudad costera devastada por el súper tifón Haiyan en la provincia de Samar, Filipinas, 11 de noviembre de 2013. © REUTERS/Erik De Castro
En el marco de esa urgencia, el gobierno debe adoptar medidas para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y sólo se conseguirá con objetivos de misiones fijados por una ley. Es necesario que la ley fije la reducción de las emisiones a la mitad mucho antes de 2030 y alcance el objetivo de cero emisiones de carbono en 2030 o tan pronto como sea posible. También es urgente que el gobierno pida a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente, lo que incluye identificar, revelar y abordar sus impactos negativos. Las empresas no lo harán si no se les obliga.
Para millones de personas de todo el mundo la formulación y, sobre todo, la aplicación de leyes y planes climáticos ambiciosos significa nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte.
Asimismo, en el diseño de las medidas urgentes, España tiene la obligación de respetar los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica de los y las activistas que trabajan en la lucha contra el cambio climático y el derecho a la participación en el diseño de políticas y medidas legislativas sobre el clima. En este sentido, la propuesta del Gobierno de crear una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático aparece como una propuesta positiva que deberá estar orientada a una participación real y efectiva.
Por último es necesario también que el gobierno impulse esa necesidad de urgencia y promueva un mayor liderazgo de la comunidad internacional imprescindible para instigar la acción climática de todos los Estados. Así, por ejemplo, esta semana los dirigentes reunidos en Davos deben elegir urgentemente entre apoyar los derechos humanos o apoyar los combustibles fósiles, pero no puede apoyar ambos a la vez.
Nuestros derechos humanos están en juego. La acción climática del gobierno debe protegerlos de manera urgente.
