"Yo hay días que me llevo las muestras de una víctima de violencia sexual al frigorífico de casa, junto a los yogures. Así estamos", con esta frase contundente resume la forense Ruth García la escasez de recursos con la que se encuentra cuando atiende a mujeres que han sufrido violencia sexual.
Los forenses solo intervienen si hay denuncia, y los protocolos post violación se activan si esa denuncia va a ponerse o ya existe. Para la policía municipal Marta Fernández es inaudito "que solo los delitos de violencia sexual deban denunciarse inmediatamente, sin tener en cuenta el impacto emocional que la agresión ha podido tener en la mujer. En cualquier otro tipo de delito la denuncia puede ponerse en los siguientes meses".
Ambas coinciden en que las agresiones de las que no se toman pruebas en el momento, si además no van acompañadas de una valoración psicológica adecuada, acaban en nada. "Es necesario hacer ese reconocimiento fisiológico y psicológico, para que cuando la mujer se empodere tenga la opción de poder poner la denuncia, y si no quiere ponerla, pues se tiran las pruebas y punto", explica Marta.
Pero para que esa valoración sea efectiva, coinciden en que es necesaria la formación con enfoque de género, para entender por lo que pasan las mujeres y cómo cada una puede reaccionar de una manera totalmente distinta. Esta formación debe pasar por el policía municipal que será el primero en encontrarse con la mujer agredida, el personal médico y forense, los jueces y juezas.
“¿Hasta cuándo seguirá recayendo sobre las mujeres la responsabilidad de que no se produzcan agresiones?”
Carmen López, Amnistía Internacional
Pero si la formación con enfoque de género es imprescindible, también es necesaria una formación para entender los comportamientos de las personas con discapacidad intelectual. Cristina Peredero, de Plena Inclusión, cuenta cómo las personas con autismo "tenemos muchas ganas de relacionarnos, pero no somos capaces de identificar las intenciones del resto. Por eso podemos permitir situaciones de abuso durante mucho tiempo. En el colegio, yo era rara, sabían que conmigo podían hacer lo que quisieran, y así era. Tú no sabes lo que es bueno para ti. No te queda de otra que dejarte para que te acepten".
Nerea García, de Asamblea Feminista, entiende que hay que trabajar con un enfoque feminista y global todo el proceso por el que tiene que pasar una mujer tras una agresión. Un proceso que debe incluir información clara para las mujeres sobre qué hacer en cada situación, y que contrarreste estereotipos de género y racistas, además de contemplar las particularidades de colectivos especialmente vulnerables.
Manifestación contra la violencia sexual. © Adolfo Luján
Prejuicios falsos
De estereotipos racistas con enfoque de género saben mucho las mujeres migrantes que realizan trabajo doméstico en nuestro país. Ángela Botero de Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España explica que cuando una mujer migrante denuncia, "la administración cree que espera conseguir algo", porque sobre ellas cae además un historial de tópicos: "las latinas follan muy bien, son muy ardientes, no tienen reparos". Por eso las mujeres inmigrantes que han sufrido una agresión sexual no recurren a las autoridades, porque saben que no las van a creer.
Esa idea de que la mujer miente también está en los juzgados, cuenta Ruth García. En los casos de violencia de género y violencia sexual se suele pedir una prueba de "credibilidad de testimonio", "esta prueba está pensada para menores que cuentan con una verbalización más escasa y puede ayudar a entender lo que les ha ocurrido. Pero pedírsela a mujeres tras una agresión, es una desacreditación de víctima. Eso es violencia institucional".
Medidas como ésta revictimizan a las mujeres, igual que las revictimiza que la atención sea diferente de una comunidad a otra, o incluso dentro de la misma autonomía. Juan Carlos Diezma, técnico de sanidad considera que "no es ético que en la Comunidad de Madrid haya distintos procedimientos para la atención a las víctimas de violencia sexual, y tampoco que las intervenciones dependan de la denuncia".
“Las organizaciones de la sociedad civil, los y las profesionales nos tomamos muy en serio la violencia sexual, ¿a qué están esperando las administraciones?”
Carmen López, Amnistía Internacional
Pero Carla Vall, abogada, sí cree que se están produciendo algunos avances. "Los operadores jurídicos sí están cambiando, prueba de ello son las dos sentencias en relación con el caso de La Manada [San Fermines]. Con estas sentencias se lanza un mensaje: la gente normal comete delitos y los hombres normales también pueden violar".
Para que esos mensajes calen son imprescindibles los medios de comunicación, que se bandean entre el morbo y el compromiso. Amaya Larrañeta, periodista de 20 minutos, cada vez que cuenta una de estas historias se hace muchas preguntas: "¿Está presente la voz de la víctima? ¿Estoy prejuzgándola con estereotipos? ¿Qué expertas he utilizado para dar contexto a lo sucedido? ¿He hablado del criminal? ¿Qué aspecto es puro morbo y no aporta información? ¿Mi pieza reivindica la empatía y una sociedad más justa?".
Amnistía Internacional, en colaboración con distintas organizaciones y movimientos de derechos humanos, en el marco de una jornada sobre violencia sexual el pasado 5 de octubre, ponía sobre la mesa iniciativas que desde la sociedad civil y desde profesionales de diferentes ámbitos se están poniendo en marcha. Iniciativas cargadas de mucha voluntad y desprovistas de recursos para atender a la mujeres que han sufrido algún tipo de abuso o agresión sexual. Desde que en noviembre de 2018, presentamos el informe Ya es hora de que me creas, apenas se han tomado medidas que intenten proteger, atender y acompañar a las mujeres adecuadamente. La situación política ha dejado en el cajón la violencia sexual.
Aunque se ha hecho un esfuerzo por visibilizar este tipo de violencia y se ha mostrado interés por reformar el Código Penal para que el consentimiento sea la base de cualquier agresión; sin embargo, esta reforma está por venir. Como aún estamos a tiempo de incidir en ella, termino con una reflexión que Carla Vall hacía al auditorio: "¿Qué significa consentimiento?. La reforma se basará en que existirá delito cuando no haya consentimiento. Esto es raro, ¿no? El mensaje que nos están dando a las mujeres es que estamos a disposición de los agresores hasta que rompan nuestro consentimiento".
Me surge otra pregunta: ¿Hasta cuándo seguirá recayendo sobre las mujeres la responsabilidad de que no se produzcan agresiones?
Como ven las organizaciones de la sociedad civil, los y las profesionales nos tomamos muy en serio la violencia sexual, ¿a qué están esperando las administraciones?
