Hace poco el hijo de una amiga se fue a un gran país extranjero a realizar unas prácticas de verano. Me lo contaba con un gran (y justificado) orgullo, pero lamentaba los complicados trámites burocráticos necesarios para poder viajar y el incómodo trance de cruzar la frontera propiamente.
Sin restar ni un ápice de razón a su argumento, pensé en que, si para el hijo de mi amiga era difícil solucionar todos esos trámites, cómo será la situación y las vallas (no solo físicas), a las que se tienen que enfrentar las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Es cierto que la migración siempre ha existido, que siempre han sido viajes largos y penosos, pero en los últimos años esto se ha agravado enormemente, creándose una de las grandes crisis a las que nos enfrentamos como sociedad.
Varios manifestantes sostienen un cartel en el que se lee "Autoridades marroquíes y españolas, socios en la masacre" delante del CETI de Melilla, 27 de junio de 2022. © REUTERS/Stringer
Al recordar la conversación con mi amiga, también pensé en lo que sucedió en Melilla hace poco más de un año. El 24 de junio de 2022, al menos 37 personas murieron tras el intento de entrar en España desde Marruecos por parte unas 2.000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas. A día de hoy, al menos 76, continúan en paradero desconocido.
Esto me lleva a pensar en el tema de hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Podemos pensar que lo que sucedió en Melilla con las personas que actualmente siguen en paradero desconocido es una desaparición forzada?
Según Naciones Unidas, “se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley”. Es decir, las desapariciones forzadas son una forma especialmente cruel de violación de los derechos humanos a la que habitualmente se suman otras: tortura, asesinato, violencia sexual, trata… Al desaparecer, las personas quedan sin identidad, sin derechos y lo que también es importante, sin nadie que pueda luchar por los mismos.
Hace años, las desapariciones forzadas solían asociarse con las dictaduras militares, que las usaban como una herramienta de castigo y ejemplificación. También con los conflictos armados, donde se usaban como un arma más. Pero, hoy en día, es evidente que durante las migraciones también hay desapariciones, como las de las más de 70 personas de las que no se sabe nada tras los sucesos de Melilla.
Protesta en Madrid por la muerte de migrantes durante un intento de llegar al enclave español de Melilla, 26 de junio 2022. © REUTERS/Nacho Doce
La pregunta que me vuelvo a hacer entonces es: "¿fueron estas desapariciones forzadas?". Y vuelvo a leer la definición de Naciones Unidas. Si nos ceñimos a este texto, podemos constatar la “negativa de las autoridades a […] revelar la suerte o el paradero de la persona”, por lo que sí, estaríamos hablando de desaparición forzada. Y la realidad es que hoy en día, se producen muchísimas desapariciones forzadas durante las migraciones, desapariciones que tienen lugar con absoluta impunidad y la complicidad más o menos velada de los gobiernos implicados. Las fronteras sur y este de Europa, la frontera entre Estados Unidos y México o varias fronteras asiáticas han visto como miles de personas “desaparecen” ante la pasividad, por no decir complicidad, de los gobiernos a ambos lados, que intentan de esta forma desincentivar la migración.
Esta falta de información, esta ausencia de revelación del paradero de una persona también afecta a familiares y amistades de las personas desaparecidas, que se encuentran ante la nada, entre la esperanza y la desesperación. En muchos casos la legislación no reconoce derechos a cónyuges o descendencia si no se puede demostrar fehacientemente la muerte, lo que en el caso que nos ocupa es prácticamente imposible. Pero también afecta a las comunidades, ya que les manda un claro mensaje: no sois bienvenidas. En este punto es importante recordar que las migraciones son hechos que casi nunca son voluntarios, que a nadie le gusta dejar su hogar, su familia, sus amistades, pero que las guerras, la pobreza, el hambre, la falta de libertades empuja a estas personas a buscar un futuro fuera de sus países de origen.
Volví a pensar en el hijo de mi amiga y en la desazón que habría sufrido si durante el viaje de su hijo hubiera tenido que enfrentarse a la incertidumbre de su desaparición, de saber si está vivo o muerto, o incluso de no volver a saber nada de él, nunca más. Sin duda, la desaparición forzada, por el motivo que sea, es un crimen de lesa humanidad. Y no es reparado hasta que se esclarece.
Entonces podemos llegar a la conclusión de que las desapariciones forzadas suceden en multitud de contextos: en guerras, en conflictos, etc., pero en los últimos años, también en contextos de migración. Y que las autoridades no hacen lo suficiente por las víctimas. Un ejemplo claro es la actitud de la Unión Europea y sus Estados miembros, donde cada poco tiempo asistimos a episodios donde decenas de personas migrantes desaparecen, por ejemplo, en el Mediterráneo.
Socorristas de la ONG española Proactiva Open Arms ayudan a personas refugiadas y migrantes. © REUTERS/Yannis Behrakis
Volviendo a los sucesos de Melilla, hoy, más de un año después, la mayoría de los cuerpos de los fallecidos están en la morgue de Nador. Los gobiernos de España y Marruecos han puesto todas las trabas posibles para impedir una investigación efectiva o incluso para permitir que se identifiquen los cuerpos de los fallecidos. Las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó la investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas. Además, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como “Ley Mordaza”) incluye la posibilidad de “devoluciones en caliente”, dando así cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos. Estas devoluciones pueden derivar en la desaparición de los migrantes al quedar en manos de un régimen que no garantiza su seguridad.
Por su parte, las autoridades marroquíes no han abierto ninguna investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y han hecho prácticamente imposible que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas. Las peticiones de información remitidas por escrito por Amnistía Internacional a los gobiernos marroquí y español no han recibido hasta ahora respuesta alguna.
Mientras tanto, las autoridades españolas siguen llevando a cabo prácticas ilegales en las fronteras, como expulsiones colectivas, en las que a menudo se hace uso excesivo de la fuerza. En el lado marroquí de la frontera, como consecuencia de la cooperación entre los dos países, las autoridades marroquíes siguen impidiendo que las personas subsaharianas negras alcancen territorio español para solicitar asilo en el puesto fronterizo.
Todas estas acciones forman parte de un plan de gestión de las fronteras europeas que traslada muchas de las funciones de los Estados miembros a terceros países en los que no se pueden garantizar los derechos humanos. Esto supone una doble moral en la que la Unión Europea se erige como adalid de los derechos humanos, pero luego subcontrata la violación de los mismos a terceros países. Uno de los últimos acuerdos, el firmado con Túnez para proporcionar apoyo económico y técnico a este país con el fin de desincentivar la migración hacia Europa. Las primeras consecuencias ya las hemos visto: decenas de personas abandonadas a su suerte en mitad del desierto por las autoridades tunecinas.
“El 24 de junio de 2022, al menos 37 personas murieron intentando entrar en España desde Marruecos. Otras 79 continúan en paradero desconocido. ¿Son desapariciones forzadas?”
Por otra parte, las desapariciones forzadas, como ya se ha comentado, no son solo una violación de derechos humanos relacionada con las migraciones. Se dan en otros contextos y situaciones. Es el caso de opositores políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades étnicas o religiosas… son objeto de persecución y víctimas de desaparición forzada. En México, durante el año 2022, las autoridades registraron al menos 9.826 casos de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 6.733 eran hombres y, 3.077, mujeres. Con ellas, al final de año se elevaba a más de 109.000 el número total de personas desaparecidas y no localizadas desde 1964.
Naciones Unidas considera las desapariciones forzadas como un delito contra la humanidad y que, por tanto, no prescribirá nunca. De cumplirse, se estaría consagrando el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación, pasando por el esclarecimiento de las desapariciones y por conocer el paradero y realidad de estas personas. Con frecuencia parece que la lucha por los derechos humanos es algo que debe suceder a gran distancia de nuestra atalaya, que por ejemplo las desapariciones forzadas son de otra época, de otros lugares… pero no. Están más cerca de lo que creemos. Y las personas responsables, directa o indirectamente, también están muy cerca.
