En noviembre pasado, mientras en la ciudad china de Wuhan se producían los primeros casos de coronavirus, en Madrid preparábamos la celebración de la COP25, la cumbre del clima, ajenos a la que se nos venía encima. Las protestas en Chile y la ola de represión emprendida por las autoridades aconsejaron desplazar a España la reunión climática más importante del año. Por primera vez en nuestro país, los medios de comunicación, las empresas, los agentes sociales e incluso las autoridades situaban la emergencia climática como una prioridad, al menos en sus discursos.
El desafío verde iniciado unos meses antes por jóvenes del movimiento Fridays for Future tomaba las calles de Madrid a primeros de diciembre. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg o la filipina Marinel Sumook, superviviente del tifón Yolanda y luchadora contra el cambio climático, llegaban a España para lanzar un mensaje de indignación y de esperanza, para sacudir nuestras conciencias y mostrar el camino hacia un futuro sostenible.
Manifestación contra el cambio climático celebrada en Madrid el 6 de diciembre de 2019. En el centro de la foto está Marinel Sumook, activista medioambiental filipina que participó junto a Amnistía Internacional. © Adolfo Luján
Han pasado solo unos pocos meses y el reguero de víctimas que ha dejado la pandemia de la COVID-19 parece haber arrasado con todo. Pero hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, conviene recordar que esta pandemia no ha borrado la emergencia climática.
Las respuestas que las autoridades den al coronavirus corren el riesgo de exacerbar la crisis climática si olvidan la necesidadde proteger el medio ambiente, retrasan las medidas que hay que tomar contra el cambio climático o afianzan la dependencia de los combustibles fósiles.
El cambio climático ya tiene efectos catastróficos que afectan, entre otros, a los derechos a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y la vivienda de millones de personas, en particular las más pobres y marginadas, que son también las más golpeadas por la COVID-19. Esas personas son las que necesitan una respuesta más urgente, deben estar en el centro de las políticas que se adopten y en ningún caso pueden quedarse atrás.
Decenas de miles de personas salieron a las calles del centro de Londres para participar en la huelga contra el cambio climático, el 20 de septiembre de 2019. © Amnistía Internacional
Los Estados no deben utilizar la crisis del coronavirus como una excusa para hacer retroceder la regulación ambiental, por ejemplo, sobre la contaminación del aire y del agua o la protección de la biodiversidad. El cumplimiento de estas normas y la adopción y aplicación de medidas climáticas no deben chocar con las necesidades económicas generadas por la COVID-19 sino que, al contrario, deben tratarse como una oportunidad para fortalecer las sociedades y las economías frente a futuras crisis. Por ello, el anuncio efectuado a finales de marzo pasado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) de que suspendería indefinidamente la aplicación de las leyes ambientales debido a la pandemia es el peor de los ejemplos.
Los Estados tampoco deben utilizar la situación actual para aprobar nuevas infraestructuras sin evaluaciones sociales y ambientales y sin respetar el derecho de las personas afectadas a estar informadas y participar en la toma de las decisiones, incluidos los pueblos indígenas. De lo contrario se aprobarán proyectos que podrían dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Incluso cuando se han suspendido las salvaguardias ambientales, las empresas siguen teniendo la responsabilidad de respetar los derechos humanos que existen independientemente y por encima del cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales.
En la Amazonía brasileña hoy, por ejemplo, taladores, usurpadores de tierras y mineros a pequeña escala están entrando en los territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Las autoridades tienen que garantizar la protección de estas comunidades intensificando las inspecciones y las patrullas destinadas a prevenir estas invasiones. Además, también podría ser necesario paralizar la ejecución de algunos proyectos a gran escala para evitar que quienes trabajan en las empresas entren en los territorios indígenas durante los periodos de aislamiento. En países como Perú se ha puesto en peligro salud de numerosas comunidades por contaminación de metales tóxicos y las mujeres están encabezando la lucha contra la contaminación de sus cuerpos, tierras y ríos las autoridades deben determinar responsabilidades y brindar soluciones inmediatas.
Las autoridades también deben trabajar sin descanso para detener las amenazas que sufren activistas indígenas como Patricia Gualinga en Ecuador o Jani Silva de Colombia y garantizar que hay justicia para quienes ya han sido asesinadas como Berta Cáceres en Honduras .
Aunque las negociaciones oficiales sobre el clima se han retrasado y la COP26 se ha pospuesto hasta 2021, los Estados siguen teniendo la obligación, en virtud de los Acuerdos de París, de presentar planes nacionales de reducción de las emisiones en 2020, como ha hecho recientemente el Gobierno español con el proyecto de ley sobre cambio climático y transición ecológica.
Las respuestas gubernamentalesa la crisis de la COVID-19 deben asegurar una transición consistente de derechos humanos hacia una economía de cero carbono, sin que se tambaleen los pilares de la sociedad. Por ejemplo, los paquetes de recuperación económica deberían facilitar la transición de los combustibles fósiles a la energía renovable. Esas medidas también deberían prever la rápida eliminación de las ayudas a los combustibles fósiles en favor de una mayor protección social: estas ayudas no sólo perpetúan nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la expansión de su uso, sino que también podrían reducir los fondos públicos disponibles para sostener otros derechos, como la educación, la vivienda, el agua, el saneamiento, la salud y la seguridad social. Esa es una línea roja que no puede traspasarse
Por otra parte, no podemos olvidar que la mayoría de los países pobres necesitan el apoyo técnico y financiero de los Estados más ricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudar a las personas a adaptarse a los efectos del cambio climático y prestar asistencia a quienes ya han sufrido pérdidas por la crisis climática. La generosidad, la solidaridad y la cooperación deben ser valores de referencia transversales y no quedarse solo en meras declaraciones de intenciones.
Más del 80% de los Estados miembros de Naciones Unidas ya han reconocido el derecho a vivir en un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible a través de normas nacionales o regionales. Una resolución de la ONU que reconociera este derecho sería una señal inequívoca de que los Estados están dispuestos a trabajar por la humanidad en su conjunto.
Estudiantes y simpatizantes toman las calles del centro de Bangkok para exigir acciones contra el cambio climático. © Biel Calderón
Por último, una de las lecciones aprendidas que nos está dejando la COVID-19 es que los grupos y activistas que reclaman el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible deben ser reconocidos y protegidos por su papel clave en todo este proceso.
Greta, Marinel y las miles de defensoras y defensores ambientales que se juegan la vida en lugares como Brasil, Colombia o México son aliados cruciales para garantizar la protección del medio que nos rodea, afianzar la lucha contra la emergencia climática y continuar la batalla para superar esta pandemia.
En tiempos de coronavirus, lejos de disminuir, los ataques que sufren las personas que defienden los derechos de colectivos y comunidades han continuado y, en algunos lugares, tienen el agravante de que al estar confinados y confinadas en sus casas se han convertido en objetivos más fáciles para quienes les persiguen y hostigan, además de contar con menos protección por la retirada de las medidas de algunos gobiernos. Su trabajo es fundamental y tremendamente necesario. Nos une el objetivo común de lograr un mundo mejor que el que tenemos ahora.
