Claudia Erazo, abogada, cofundadora de la organización jurídica Yira Castro, lleva más de 15 años luchando para que la justicia llegue a las seis millones de personas que se han visto desplazadas de sus tierras en Colombia. En su gira por Europa de la mano de Amnistía Internacional ha tratado de concienciar a organizaciones y representantes políticos de un problema que, pese a los avances legislativos, lleva décadas sin resolverse.
Usted fue una de las fundadoras de la corporación jurídica Yira Castro. ¿Por qué nace y a qué se dedica esta organización?
Mayoritariamente las tierras están usurpadas por grandes empresarios.
¿En qué situación se encuentra el proceso de restitución de tierras en Colombia?
¿Qué motivos hay para que las devoluciones avancen tan lento?
Hay una campaña muy fuerte de amenazas a los reclamantes de tierras por los mismos paramilitares que desplazaron a millones de personas.
¿Que situaciones afrontan estos reclamantes de tierras?
En su mayoría los reclamantes son personas que se vieron forzadas a desplazarse y que se mantienen en condiciones de alta vulnerabilidad en los lugares donde buscaron refugio, en grandes ciudades o en pequeños municipios y el factor común es la vulnerabilidad.
Por otro lado está la desconfianza frente al proceso, frente a las instituciones. Hemos recibido muchas denuncias de víctimas reclamantes que se niegan a adelantar el proceso de restitución por no tener confianza en las personas que se encuentran en las entidades responsables, por considerarlas ligadas a los actores armados o funcionarios públicos que propiciaron el despojo. Incluso funcionarios que alguna vez fueron señalados de pertenecer o favorecer a grupos armados ilegales se encuentran hoy en entidades responsables de restitución. Eso genera mucho temor y mucha desconfianza, y por eso tal vez no se han recibido tantas solicitudes de restitución como se esperaba. Se han recibido 72 mil solicitudes y sólo se ha dado respuesta efectiva a menos de 2 mil de ellas.
También hay una alta sensación de que no existen garantías para la restitución, en la medida en que persisten los grupos armados ilegales en los territorios ligados a esos poderes políticos y económicos, por lo que persiste esa amenaza. En un sabotaje a la ley, hay una campaña muy fuerte de amenazas a los reclamantes de tierras por los mismos paramilitares que desplazaron a millones de personas.
Durante los 50 años del conflicto armado de Colombia, millones de personas han sido expulsadas de sus tierras y han visto así arrebatado su sustento. © Corporación Claretiana Norma Pérez Bello-Centro Claretiano de Investigación y Educación Popular
¿El proceso de paz que se negocia actualmente puede acelerar el proceso de restitución de tierras?
Las zonas donde se concentró el despojo se vienen concesionando a empresas extranjeras la posibilidad de la explotación minera y de agroindustria.
¿Qué intereses hay sobre las tierras expoliadas? ¿Qué papel juegan las empresas extranjeras en este conflicto por la tierra?
Lo más importante que debe hacer la comunidad internacional es verificar si sus empresas están comprometidas en procesos de desplazamiento.
Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) se han visto abocadas al desplazamiento forzado. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas de tierra, aproximadamente el 14 por ciento del territorio colombiano. © AI
