Miles de artículos se han escrito ya sobre el presunto asesinato y posterior desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta por parte de Daniel Sancho en Tailandia. Los elementos morbosos que rodean el caso (sitio paradisíaco, famoseo, asesinato y descuartizamiento de una persona, así como los miles de detalles llamativos que van surgiendo) han hecho que no decaiga una atención que no han tenido otros españoles (todos hombres) condenados a muerte en varios países del mundo.
Va por adelantado que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier caso, independientemente del delito, cuánto de mediático sea o no sea, de la culpabilidad de la persona acusada y del método de ejecución. Consideramos que la pena de muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida. Esto no significa que apoyemos la impunidad de los delitos, sino que las personas acusadas tienen que tener una pena proporcional al delito tras la celebración de su juicio correspondiente que respete el debido proceso. Por otro lado, está comprobado que la pena de muerte no disminuye ni el número ni la gravedad de los delitos.
Cárcel tailandesa. © REUTERS/Chalinee Thirasupa
Situación de la pena de muerte en Tailandia
Tailandia es un país retencionista. Su Código Penal prevé la pena de muerte para varios delitos, entre los que está el de asesinato agravado. En Tailandia había, según cifras oficiales comunicadas a Amnistía Internacional, 195 personas condenadas a muerte al concluir 2022.
El mayor número de delitos en los que las autoridades han impuesto la pena de muerte son delitos relacionados con drogas. Esto por un lado afecta de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados como minorías étnicas y religiosas, personas trans y personas de menores recursos socioeconómicos, y por otro es contrario al derecho internacional. Según ha interpretado la ONU en varias ocasiones, la definición de “delitos graves”, los únicos para los cuales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite la pena de muerte, no puede aplicarse para los delitos de narcotráfico. Tailandia ha ratificado este Pacto por lo que debería cumplirlo.
Las buenas noticias son que desde el año 2018 no se ejecuta a ninguna persona condenada a muerte. En junio de ese año, un hombre condenado por asesinato fue ejecutado mediante inyección letal. La anterior ejecución había sido en 2009.
Situación de las cárceles en Tailandia
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Informe Periódico Universal de 2021, denunció los altos niveles de hacinamiento y las malas condiciones en muchos lugares de detención, deficientes condiciones de saneamiento e higiene, la falta de acceso a la atención médica, la falta de alimentos y agua adecuados y la estigmatización de algunos detenidos. También recibió información sobre casos de uso excesivo de dispositivos de inmovilización, como grilletes, y sobre acoso sexual.
Según la información inicial aparecida en medios de comunicación, Daniel Sancho no estaría sufriendo unas condiciones de detención tan malas en su primer centro de detención en Ko Samui.
Los guardias de la prisión hacen guardia mientras activistas de Amnistía Internacional sostienen pancartas para protestar contra la pena de muerte en Bangkok, Tailandia, 19 de junio de 2018. © REUTERS/Athit Perawongmetha
Españoles condenados a muerte en el pasado: caso Segarra
No se sabe si como apuntan muchos medios Daniel Sancho será condenado y si será condenado a muerte. El caso se encuentra en una fase muy preliminar.
Sin embargo, ahora que todas las televisiones dedican horas y horas a este caso, que decenas de enviados especiales informan pormenorizadamente de cualquier detalle del mismo, no está de más recordar el caso de otro ciudadano español que fue condenado a muerte en Tailandia no hace tanto tiempo. Se trata delespañol Artur Segarra que cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Bangkok por los delitos de asesinato y descuartizamiento de su compatriota David Bernat en 2016. La policía tailandesa lo identificó rápidamente como el principal sospechoso y ordenó su arresto, pero Segarra logró huir a la vecina Camboya, donde fue arrestado y enviado de regreso a Tailandia. En abril de 2017, un tribunal de justicia en Bangkok admitió todas las pruebas presentadas por las autoridades y lo condenó a la pena de muerte, una sentencia que mantuvo el tribunal de apelaciones el 13 de junio de 2018 y dejó en firme el Supremo el 20 de noviembre de 2019. El 17 de agosto de 2020, el monarca concedió un perdón real con motivo del 68 cumpleaños del que se benefició Segarra, quien vio reducida su condena a la cadena perpetua, lo que abrió la puerta a que el reo iniciara la solicitud de traslado a una cárcel en España.Segarra, que supera los siete años de encarcelamiento desde que fue puesto en prisión provisional, aún aguarda en el penal de máxima seguridad Bang Kwang de Bangkok.
¿Qué es útil contra la pena de muerte? Presión y movilización
Desde Amnistía Internacional presionamos a todos los Estados que aún son retencionistas, es decir, 55 países, para que abolan la pena de muerte en la práctica y en las leyes. Movilizamos a la ciudadanía para que se comprometa contra la pena de muerte, por constituir una grave violación de los derechos humanos. En la página web pueden encontrar un compromiso contra la pena de muerte que será enviado a las embajadas de todos los países retencionistas. Descárgalo aquí.
