Mientras en Europa y América del Norte el número de casos y de muertes a causa de la COVID-19 disminuye gracias a los grandes avances en las campañas de vacunación, la pandemia sigue dejando un trágico rastro diario de muerte y dolor en el resto del mundo. El clamor por medidas que garanticen un acceso universal y justo a las vacunas aumenta, pero los líderes mundiales siguen poniendo el derecho a la salud de las personas en un segundo plano.
El pasado 13 de junio los líderes del G7, el grupo que reúne a las siete economías más pujantes del mundo occidental, prometían donar a los países en desarrollo mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 entre junio de 2021 y finales de 2022. Ese mismo día, las estadísticas de la John Hopkins University recogían casi 176 millones de casos de coronavirus y casi 3,8 millones de muertes en todo el mundo a causa de la pandemia.
Mientras, un manifiesto promovido por Amnistía Internacional España entre la comunidad científica y académica de nuestro país llamaba a todos los Estados a cooperar a escala mundial y a eliminar "los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y distribuyen a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo". Más de 180 profesionales de la investigación, medicina, especialistas en salud pública y del mundo académico lo han suscrito sumando sus voces cualificadas a las de miles de personalidades que reclaman el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.
Mirza Amir, de 38 años, coge la mano de su madre Saleha Bt Mohamed, de 76 años, mientras se vacuna contra la COVID-19 en Singapur, el 8 de marzo de 2021. © REUTERS/Edgar Su
Y es que ni las realidades ni las promesas hechas por los líderes de la llamada comunidad internacional son suficientes para frenar el avance de la pandemia. Hay que hacer más, y hay que hacerlo deprisa. Para evitar que miles de personas mueran innecesariamente y para evitar que nuevas mutaciones del virus pongan en peligro la vida de las personas vacunadas y de las no vacunadas, con consecuencias imprevisibles.
Un pequeño repaso a la prensa y a las reacciones al anuncio de los países del G7 permite constatar este hecho. A 9 de junio, el conjunto del continente africano había recibido tan solo 50 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para una población de más de mil millones de personas.
“A 9 de junio, el conjunto del continente africano había recibido tan solo 50 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para una población de más de mil millones de personas.”
Un análisis muy crítico del Washington Post con los compromisos de los líderes del G7 se abría con un titular más que elocuente: "Biden y el G7 se quedan cortos con las vacunas". Citando un análisis de la agencia de noticias Bloomberg, el medio estadounidense aseguraba que de los mil millones de dosis prometidas tan solo 617 millones correspondían a nuevas donaciones.
Aunque en un comunicado de prensa la Organización Mundial de la Salud (OMS) elogiaba el "transcendental" acuerdo del G7, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, matizaba cualquier asomo de entusiasmo en ese mismo comunicado: "Estamos corriendo para salvar nuestras vidas, pero no es una carrera justa, y la mayoría de los países siguen en la línea de salida. Damos la bienvenida al generoso anuncio de donaciones de vacunas y agradecemos a los líderes que lo han propiciado, pero necesitamos más, y lo necesitamos más deprisa".
“11.000 millones de dosis son necesarias frente a los 1.000 millones de dosis prometidas. Y se necesitan de prisa”
En un tuit publicado en su cuenta personal, el máximo responsable de la OMS era mucho más contundente: "Para acabar de verdad con la pandemia de COVID-19, nuestro objetivo debe ser vacunar al menos al 70% de la población mundial antes de que el G7 se reúna de nuevo en Alemania el año que viene. Para conseguirlo, necesitamos 11.000 millones de dosis".
Sí, han leído bien: 11.000 millones de dosis son necesarias frente a los 1.000 millones de dosis prometidas.
Un trabajador de Ethiopian Airlines descarga las vacunas de AstraZeneca de un avión de carga en el aeropuerto internacional de Bole en Addis Abeba, Etiopía, el 7 de marzo de 2021. © REUTERS/Tiksa Negeri
Para terminar este breve repaso en casa, nos quedamos con las palabras de la secretaria general de Amnistía Internacional, que calificaba las promesas del G7 de "una gota de agua en el océano".
Según Agnes Callamard, el compromiso del G7 "no solo es poco ambicioso, sino que huele a egoísmo, sobre todo si se tienen en cuenta los datos que indican que, a final de año, los países del G7 tendrán 3.000 millones de dosis más de las que necesitan".
"El acuerdo muestra que, en lugar de hacer frente a sus obligaciones internacionales con la exención de las normas sobre propiedad intelectual para las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos contra la COVID-19, los dirigentes del G7 han optado por más de las mismas medidas mezquinas y gestos insuficientes".
La opinión de Callamard es representativa de las muchas personas que piensan que no se está haciendo lo necesario para detener el doloroso avance de la pandemia. Según una encuesta encargada por la coalición de organizaciones ciudadanas "Una vacuna para el pueblo", de la que Amnistía Internacional forma parte, una media del 70% de la población de los países del G7 quiere que su gobierno garantice la puesta en común del know-how de las vacunas y rompa con el monopolio de las grandes farmacéuticas.
“El compromiso del G7 no solo es poco ambicioso, sino que huele a egoísmo, sobre todo si se tienen en cuenta los datos que indican que, a final de año, los países del G7 tendrán 3.000 millones de dosis más de las que necesitan.”
Y es que cada vez más personas tienen claro que, para vencer la carrera contra la COVID-19, para alcanzar una victoria que solo puede ser una victoria de toda la humanidad, todos tenemos que poder competir.
Esta es también la opinión de las personalidades del mundo científico y académico que han firmado el manifiesto Un pinchazo justo: Acceso universal a las vacunas COVID-19, promovido por Amnistía Internacional España.
Profesionales de prestigio como Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Fernando Valladares, profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Juan Jesús Gestal Otero, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela o Eva Alcón Soler, rectora de la Universidad Jaume I, han suscrito este manifiesto que describe la pandemia de COVID-19 como "una crisis mundial sin precedentes" que ha "puesto de manifiesto y agravado desigualdades y ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones marginadas".
El manifiesto reconoce los esfuerzos de Estados, empresas farmacéuticas, organizaciones intergubernamentales e institutos de investigación de todo el mundo para desarrollar productos médicos que ayuden a prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19 en un tiempo récord.
Sin embargo, advierte que lo que constituye "la mayor iniciativa de inmunización de la historia" plantea "extraordinarios retos en materia de derechos humanos", especialmente con respecto a la producción de las vacunas y su distribución.
Un trabajador palestino es vacunado en una instalación israelí, el 8 de marzo de 2021. © REUTERS/ Ammar Awad
En este contexto aseguran que es esencial que los Estados y las empresas garanticen "la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de las vacunas para todas las personas, estén donde estén, y sin discriminación de ningún tipo".
Para ello deberían:
- Cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impiden que las vacunas se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y distribuyan a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo.
- Participar en los mecanismos establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (CT-A) y su programa de reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX).
- Asegurarse de quelos derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud, acordando una exención de determinados aspectos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la producción de productos sanitarios contra la COVID-19.
- Promover el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS e imponer condiciones a la financiación pública para garantizar que las empresas farmacéuticas comparten sus innovaciones, tecnología y datos con otros fabricantes.
El clamor por la puesta en marcha de mecanismos que realmente garanticen el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 es estruendoso. Sin embargo, no hay mayor sordo que el que no quiere oír, y los líderes mundiales parecen poco dispuestos a escuchar. Ello les ha llevado a cometer en la reciente reunión del G7 "un fallo moral imperdonable". Esta opinión no es la de ningún activista radical antisistema, sino del exprimer ministro británico Gordon Brown.>
