El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano
A pesar de que la religión católica es profesada en todos los continentes, en algunos de ellos de forma mayoritaria, en países como Egipto, Pakistán, Irán, India, China, Burkina Faso, Laos o Argelia, son una minoría sometida a hostigamiento y persecución y, en algunos casos, son objeto de asesinatos impunes.
Amnistía Internacional considera que una persona no puede ser perseguida ni hostigada por sus creencias religiosas. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de la persona incluye el derecho a manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Persecución de las minorías cristianas en Pakistán
En Pakistán, las acusaciones de blasfemia desatan la violencia contra la minoría cristiana. Las leyes sobre la blasfemia son imprecisas, generales y coercitivas, y dan pie a abusos e incumplen las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por Pakistán de respetar y proteger los derechos humanos, entre ellos la libertad de religión o credo y la libertad de opinión y expresión.
Viviendas e iglesias cristianas incendiadas durante los ataques en Jaranwala, Pakistán, el 16 de agosto de 2023. Decenas de templos y casas fueron destruidos tras falsas acusaciones de blasfemia contra dos residentes cristianos. © Naeem Ahmad
Estos abusos legales y la falta de protección estatal se reflejan en numerosos casos recientes. Uno de los más graves fue el ocurrido en la ciudad de Jaranwala, que evidenció la violencia y la impunidad que sufren las comunidades cristianas.
La violencia en Jaranwala y la impunidad de los ataques
El 16 de agosto de 2023, acusaciones de blasfemia (posteriormente demostradas falsas) contra dos residentes cristianos de Jaranwala, en el distrito de Faisalabad, provincia de Punyab (Pakistán), desencadenaron una turba violenta que vandalizó y destruyó más de 20 iglesias y alrededor de 80 viviendas cristianas.
En febrero de 2024, la Corte Suprema de Pakistán rechazó el informe policial sobre el incidente, al considerar que no contenía información relevante e instó a las autoridades a llevar ante la justicia a los responsables. A fecha del 16 de agosto de 2024, aún no se habían iniciado los juicios, y más del 90% de los sospechosos del ataque seguían prófugos.
La inacción estatal y la falta de justicia han dejado a la comunidad cristiana de Jaranwala en un estado de temor constante, sufriendo amenazas y marginación continuas. Muchas familias han tenido que migrar a ciudades vecinas, mientras que los líderes religiosos que incitaron la violencia siguen en libertad y mantienen su influencia en la zona.
Casos de condenas a muerte por blasfemia
Las acusaciones de blasfemia en Pakistán no solo alimentan ataques colectivos, sino que también han llevado a la condena a muerte de personas cristianas por motivos arbitrarios o falsos. Los tribunales paquistaníes siguen aplicando leyes vagas y coercitivas que ponen en riesgo la vida de quienes pertenecen a minorías religiosas.
En enero de 2022, una mujer fue condenada a muerte por las autoridades por haber enviado, supuestamente, mensajes “blasfemos” a través de WhatsApp. Ese mismo año, en octubre, en la localidad de Ghotki, un hombre con discapacidad física murió ahogado en el estanque del templo donde vivía, después de que un visitante lo acusara de blasfemia.
Shagufta Kausar y su esposo, Shafqat Emmanuel, fueron condenados a muerte en Pakistán por presunta blasfemia tras el envío de mensajes de texto “blasfemos”, acusación que siempre negaron. Pasaron siete años en prisión antes de ser absueltos en 2021. © Family of Shafqat and Shagufta
Otro caso emblemático es el de Shagufta Kausar y su esposo, Shafqat Emmanuel, también condenados a muerte tras ser declarados culpables de blasfemia. Pasaron siete años en prisión antes de poder recurrir la sentencia. En 2021 fueron finalmente absueltos, aunque aún no se han celebrado los juicios contra los responsables de los ataques desencadenados por las acusaciones falsas que sufrieron.
El caso Aasia Bibi: símbolo de la persecución religiosa
El caso quizá más famoso, que provocó una oleada de solidaridad internacional sin precedentes, fue el de la mujer cristiana, Aasia Noreen, conocida como Aasia Bibi.
En junio de 2009 Aasia trabajaba como bracera en el campo y la esposa de un anciano de la aldea le pidió que trajera agua para beber. Al parecer otras braceras musulmanas se negaron a beber del agua, afirmando que era sacrílego e “impuro” aceptar agua de Aasia Bibi, dado que no era musulmana.
Aasia Bibi se sintió ofendida y se desencadenó una discusión entre las mujeres. Estas llevaron el caso el clérigo de la localidad y la acusaron de haber hecho comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma. El clérigo informó a la policía local, y aquí comenzó su pesadilla por culpa del sistema judicial paquistaní. Aasia fue condenada a muerte en Pakistán por blasfemia en 2010. Tras una gran presión internacional y tras pasar ocho años en la cárcel, el Tribunal Supremo la absolvió de todos los cargos por falta de pruebas.
Tras conocerse la absolución, se produjeron protestas violentas en las principales ciudades del país, y multitudes enfurecidas bloquearon carreteras e incendiaron vehículos. El entonces primer ministro Imran Khan apareció en televisión para confirmar la absolución y denunciar la violencia. Sin embargo, tras dos días de protestas, su gobierno dio marcha atrás, y accedió a que el Tribunal Supremo admitiera una “petición de revisión” que buscaba revocar la absolución. En 2019 pudo por fin salir de la cárcel, aunque tuvo que abandonar Pakistán en el mayor de los secretismos.
Restricciones a la libertad de culto en Egipto
También consideramos que son abusivas y vulneran los derechos de las minorías las leyes vigentes en Egipto relacionadas con libertad de culto, por discriminatorias, y porque constituyen una amenaza tanto para la población cristiana como para sus bienes e iglesias.
En Egipto, el derecho a construir o reparar iglesias sigue restringido por una ley de 2016 que exige la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales; según la organización Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, sólo al 45% de los solicitantes se les concede la aprobación preliminar para construir o reparar iglesias desde la promulgación de la ley.
La discriminación contra los cristianos coptos
Los cristianos coptos, la minoría religiosa más numerosa de Egipto, siguen padeciendo la discriminación de las autoridades y recibiendo una protección inadecuada del Estado frente a los ataques sectarios, o incluso siendo víctimas directas de los ataques de las fuerzas de seguridad. En 2024 se produjeron ataques sectarios contra población cristiana copta en dos pueblos de la gobernación de Al Minya; Estos ataques ocurrieron después de que la población musulmana local se manifestara en contra del establecimiento de lugares de culto cristianos, coreando consignas anticristianas y causando daños en viviendas coptas. Además, en julio, un tribunal militar condenó a un recluta cristiano copto a tres años de prisión por enviar mensajes electrónicos considerados "ofensivos para el islam".
El caso de Patrick George Zaki
Patrick George Zaki, investigador y defensor de los derechos humanos egipcio, fue detenido en 2020 por un artículo sobre la discriminación contra la comunidad cristiana copta. Tras 22 meses de detención arbitraria, fue liberado en 2021. © eipr.org
También fue detenido Patrick George Zaki, joven investigador y defensor de los derechos humanos, acusado de “difundir noticias falsas” por un artículo que publicó en 2019 sobre la discriminación que sufren las personas cristianas coptas en Egipto. Tras pasar 22 meses en detención arbitraria, fue puesto en libertad provisional en diciembre de 2021 y posteriormente liberado.
India, Irán y Argelia: leyes que penalizan la conversión o el culto cristiano
El estado de Karnataka, en India, aprobó una ley en 2022 sin someterla previamente a consulta pública ni legislativa que ilegalizaba los matrimonios cuando un familiar o una persona conocida de uno de los cónyuges denunciaba que su conversión religiosa había sido forzada, y castigaba esas conversiones con hasta 10 años de prisión. El 11 de noviembre de ese año, cinco hombres fueron detenidos en Karnataka acusados de conversión forzada.
En Uttar Pradesh, donde se había aprobado una ley similar en 2021, se produjeron ataques y actos de violencia contra personas de religión cristiana por denuncias de conversión forzada. En julio de 2024 la asamblea legislativa de dicho estado reformó la Ley de Prohibición de la Conversión Religiosa Ilegítima: la reforma penalizaba de hecho los matrimonios consensuales entre personas de distinta religión, y elevaba la pena máxima a cadena perpetua.
“En muchos países, las falsas acusaciones de blasfemia y las leyes discriminatorias siguen destruyendo vidas y dejando impune la violencia contra las minorías cristianas.”
En Irán, las minorías religiosas incluyendo la cristiana, sufren discriminación legal y práctica, afectando su acceso a la educación y el empleo. Las personas clasificadas como musulmanas que adoptaban otras religiones o el ateísmo se enfrentaban al riesgo de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y la pena de muerte por "apostasía"
En 2022 la organización documentó cómo las autoridades iraníes efectuaron registros en “casas iglesia” y sometieron a las personas convertidas al cristianismo a detenciones arbitrarias, confiscación de bienes personales, enjuiciamiento por cargos relacionados con la seguridad nacional y castigos como encarcelamiento, multas y “exilio” interno. Cientos de personas fueron detenidas, procesadas injustamente, torturadas o sometidas a malos tratos u otras formas de hostigamiento por profesar o practicar su fe.
En Argelia, según la Ley 06-03, las asociaciones religiosas no musulmanas deben registrar los lugares de culto, lo que limita el culto a los lugares registrados. La ley también prohíbe el proselitismo entre musulmanes en nombre de otras confesiones y la difusión de materiales destinados a "sacudir la fe de un musulmán". Bajo esta ley, el cristiano converso Foudhil Bahloul fue condenado en diciembre de 2021 a seis meses de prisión con suspensión de pena y a una multa de 100.000 dinares argelinos (unos 670 dólares) por una transferencia de 200 euros considerada "donación no autorizada". En 2024, la iglesia protestante de Argelia informó que 46 de sus 47 iglesias permanecían cerradas debido al acoso judicial o por órdenes de las autoridades.
Otras formas de represión religiosa: China, Burkina Faso y Laos
En distintos países de Asia y África, las comunidades cristianas también sufren represión estatal, ataques armados y restricciones a la libertad de culto. Aunque los contextos varían, la violencia y la falta de protección son las constantes que ponen en riesgo la vida y la fe de miles de personas.
En China desde la entrada en vigor de la “Normativa de Asuntos Religiosos” modificada, el 1 de febrero de 2018, las “casas iglesia” han denunciado más actos de represión en todo el país, especialmente en las provincias de Henan, Zhejiang, Guangdong y Heilongjiang. Las autoridades han retirado cruces y lemas cristianos de los edificios de las iglesias, han confiscado o destrozado sus propiedades, ordenado su clausura e interrogado a sus dirigentes y miembros.
En Burkina Faso se documentaron ataques de grupos armados contra lugares de culto cristiano: un grupo armado atacó y mató a 15 fieles en una iglesia católica en Essakane, región del Sahel, el 25 de febrero de 2024 y en agosto, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM) mató a 26 civiles en una iglesia de Kounla, región de Boucle du Mouhoun
En Laos las autoridades locales en la provincia de Savannakhet destruyeron una casa iglesia y quemaron textos religiosos. En julio de 2024, dos hombres no identificados mataron a tiros al pastor cristiano de etnia khmu Thongkham Philavanh en el distrito de Xai, en la provincia de Oudomxay
Lo que dice Amnistía Internacional sobre Nigeria: violencia no religiosa
Respecto al supuesto "genocidio" en Nigeria de personas cristianas, Amnistía Internacional ha manifestado que, según sus investigaciones, los asesinatos y atrocidades que se están produciendo en Nigeria no son de carácter religioso. Nigeria no ha tenido ningún conflicto religioso en mucho tiempo. Los ataques son totalmente criminales, describirlos como religiosos demuestra un desconocimiento absoluto y deliberado de la realidad sobre el terreno. La violencia ha atacado tanto a personas cristianas como musulmanes y las víctimas son en su mayoría agricultores (musulmanes en el noroeste y cristianos en el cinturón central). Son, presuntamente, pastores musulmanes que matan a cristianos y musulmanes casi a diario, atacan escuelas, arrasan aldeas y secuestran para pedir rescate, independientemente de la religión. Lamentablemente, las víctimas de estos ataques nunca obtienen justicia. Amnistía Internacional ha pedido constantemente a las autoridades nigerianas que pongan fin a los asesinatos, protejan vidas y lleven a los verdaderos autores ante la justicia.
Qué deben hacer los gobiernos para proteger a las minorías religiosas
Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.
Deben revocar o reformar las leyes que permiten o favorecen la discriminación por motivos de religión, como las disposiciones sobre blasfemia o las normas que restringen la construcción de lugares de culto. Asimismo, deben adoptar políticas integrales de lucha contra la intolerancia y la violencia sectaria, que incluyan medidas educativas, sociales y judiciales para prevenir la incitación al odio y proteger a las comunidades en situación de riesgo.
Es fundamental que los Estados investiguen de forma independiente, rápida y exhaustiva todos los ataques cometidos contra personas o grupos por motivo de su religión o creencias, y que lleven ante la justicia a las personas responsables, incluidos los funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan contribuido a la impunidad.
Finalmente, los gobiernos deben garantizar la reparación integral a las víctimas, asegurar que puedan practicar su fe sin miedo ni represalias y promover un entorno seguro y plural donde todas las personas, con independencia de su credo, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
