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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Colombia: amenazas de muerte contra el defensor Iván Madero

Iván Madero hablando con un micrófono
Iván Madero © Particular
¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 33.520 firmantes

¡Muchas gracias a las más de 33.000 personas que habéis firmado esta petición!

Amnistía Internacional sigue trabajando para que el gobierno de Colombia proteja y respete el trabajo de quienes defieden los derechos humanos, y  garantice su seguridad. 

Petición antes del cierre

Pide al presidente de Colombia que garantice la seguridad de Iván Madero y que cumpla con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos en Colombia.

"dígale a ese perro hijueputa que se va a morir"

El destinatario de esta amenaza es Iván Madero Vergel, director de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), una ONG con sede en Barrancabermeja, Colombia.

La amenaza le llegó el pasado 23 de junio. Dos días después le llegaba esta otra: “dígale a ese hp, que deje de estar metiéndose en investigaciones que no le interesan; que le vamos a quemar el culo".

Entre 2001 y 2002 Iván Madero estuvo en España acogido en el Programa de Protección Temporal a Defensores de Derechos Humanos de la Sección española de Amnistía Internacional. Tuvo que salir de Colombia porque ya entonces su vida corría peligro por defender los derechos humanos. Tras volver a su país e incorporarse de nuevo a su organización, ha vuelto a sufrir persecución, pues ésta no es la primera vez que recibe amenazas desde que regresó.

Lamentablemente el hostigamiento y la intimidación forman parte del día a día de las organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos colombianos; y en muchas ocasiones, las amenazas se cumplen.

En los últimos meses, CREDHOS ha denunciado activamente la presencia constante y cada vez más numerosa de grupos paramilitares en Barrancabermeja, a los que se considera responsables de numerosos homicidios. Esta ONG lucha contra la impunidad y acude a la comunidad nacional e internacional para que exijan al Estado colombiano que brinde las garantías necesarias a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para realizar su trabajo, sin temor a amenazas.