Las autoridades iraníes deben permitir inmediatamente el acceso sin trabas de equipos de observación internacionales a las prisiones de Irán para investigar el terrible uso de fuerza ilegítima realizado el 15 de octubre por las fuerzas de seguridad en la prisión de Evín, en Teherán, y para proteger a los presos y las presas de nuevos homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos. Este mortal incidente, el más reciente hasta la fecha, pone una vez más de relieve la urgente necesidad de abordar, mediante un mecanismo independiente de investigación, presentación de informes y rendición de cuentas, la interminable lista de delitos cometidos por las autoridades iraníes.
Las autoridades de Irán han culpado a reclusos del incendio que arrasó zonas de la prisión de Evín el 15 de octubre, pero los indicios recopilados por Amnistía Internacional hacen temer seriamente que las autoridades hayan tratado de justificar su sangrienta represión contra la población reclusa disfrazándola de lucha contra el fuego y de esfuerzos para evitar fugas de personas encarceladas. Los testimonios obtenidos por Amnistía Internacional de personas recluidas, familiares de víctimas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos con contactos en la prisión revelan que los funcionarios de la prisión de Evín y la policía antidisturbios dispararon reiteradamente gas lacrimógeno y perdigones de metal contra cientos de presos y presas, y golpearon brutalmente a muchos de ellos con porras, especialmente en la cabeza y la cara. Amnistía Internacional también siente honda preocupación por los relatos de testigos presenciales procedentes del interior de la prisión que indican que las fuerzas de seguridad apuntaron con armas de fuego a la cabeza a varias presas, y es posible que también dispararan munición real contra algunos presos varones.
Hasta el momento, las autoridades iraníes han confirmado que ocho presos han muerto y 61 han sufrido heridas, pero las personas recluidas en la prisión temen que esas cifras puedan ser mucho más altas. De acuerdo con el largo patrón de negación y encubrimiento de sus crímenes, las autoridades rápidamente emitieron declaraciones en las que atribuían las muertes a asfixia por inhalación de humo y peleas entre los reclusos.
La fuerza arbitraria y abusiva utilizada por las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones iraníes contra presos y presas confinados entre los muros de una prisión afectada por el fuego y sin posibilidad de escapar es una prueba más de la extrema brutalidad que las autoridades de Irán ejercen de forma habitual para sofocar la disidencia. A menos que la comunidad internacional dé una respuesta firme que aborde la crisis cada vez más profunda de impunidad por crímenes graves de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos en Irán, el número de víctimas seguirá creciendo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe convocar con urgencia un periodo especial de sesiones sobre Irán y establecer un mecanismo independiente con funciones de investigación, presentación de informes y rendición de cuentas para abordar los más graves crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades del país. El mecanismo debe llevar a cabo investigaciones sobre esos crímenes y violaciones de derechos humanos con vistas a hacer rendir cuentas, en particular cuando las violaciones de derechos humanos puedan constituir los más graves crímenes de derecho internacional. El mecanismo debe contar con un mandato y con recursos adecuados para recopilar y conservar pruebas y compartirlas con órganos administrativos y tribunales nacionales, regionales e internacionales que puedan tener jurisdicción sobre esos crímenes. Sus informes públicos deben incluir un análisis de patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos y la identificación de sus autores.
Las personas presas y sus familias se han hecho eco de la necesidad urgente de que la comunidad internacional emprenda una acción firme y significativa, y han expresado su honda preocupación por su vida y su seguridad, especialmente porque desde el 15 de octubre se han suspendido las visitas a la prisión de Evín, entre denuncias de que las autoridades niegan a las personas heridas acceso a atención médica.
Una persona recluida que sufrió las brutalidades del 15 de octubre subrayó, en un llamamiento a su familia, la necesidad de protección internacional: “[Las autoridades] no permiten que las personas heridas reciban tratamiento. Dicen: ‘lo más grave que les podría suceder es que mueran, y no pasaría nada’ […] Aquí no tenemos seguridad […] Si la gente nos olvida, las autoridades nos masacrarán”.
“Las autoridades no permiten que las personas heridas reciban tratamiento. Dicen: ‘lo más grave que les podría suceder es que mueran, y no pasaría nada’. Si la gente nos olvida, las autoridades nos masacrarán”
Un familiar de una persona recluida en Evín dijo también a Amnistía Internacional: “No necesitamos críticas y condenas [...] Necesitamos acciones más allá de la condena [...] ¿Cuánto más tenemos que pagar?”
Uso estremecedor de fuerza ilegítima
Los presos recluidos en el edificio nº 8 de la prisión de Evín han informado de que, desde aproximadamente las ocho de la tarde del 15 de octubre, oyeron disparos y gritos procedentes del edificio contiguo, el nº 7. El edificio nº 8 alberga en su mayoría a disidentes y defensores de los derechos humanos encarcelados injustamente, mientras que el nº 7 se utiliza sobre todo para personas condenadas por robo y delitos económicos. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que los reclusos del edificio nº 8, angustiados, trataron entonces de abrir por la fuerza la entrada principal de su edificio, preocupados por la seguridad de los reclusos del nº 7. En respuesta, los guardias penitenciarios y la policía antidisturbios dispararon gas lacrimógeno y perdigones de metal en grandes cantidades contra ellos. Según el relato de un testigo presencial, las fuerzas de seguridad armadas situadas fuera del edificio nº 8 dispararon también munición real a través de las ventanas contra presos que estaban en su interior.>
Los guardias penitenciarios y la policía antidisturbios esposaron después a numerosos presos del edificio nº 8 y les golpearon reiteradamente con porras, dirigiendo los golpes a la cabeza y la cara. Las fuerzas de seguridad también golpearon directamente sobre sus heridas a presos que habían sido alcanzados por perdigones de metal. El relato escrito por un recluso que presenció lo sucedido, obtenido por Amnistía Internacional de una fuente de confianza, cuenta que los ataques estuvieron encabezados por un oficial, identificado como un coronel, que participó en las palizas mientras profería amenazas de muerte y gritaba: “Haré que vuestras madres lloren vuestra muerte. El día de vuestra muerte ha llegado”. Según este mismo relato, las fuerzas de seguridad trasladaron después a cientos de presos al “gimnasio” de la prisión, que es una gran sala, y allí les propinaron brutales palizas.
Cuando los reiterados sonidos de disparos llegaron al edificio nº 5, que contiene el pabellón de mujeres, y al nº 4, que alberga, entre otros, a disidentes políticos y hombres de doble nacionalidad detenidos arbitrariamente, las personas recluidas en estos edificios también trataron de forzar la salida. Los relatos de personas recluidas en estos edificios revelan que las fuerzas de seguridad, una vez más, dispararon gas lacrimógeno de forma ilegítima. Según los relatos de estas personas, las fuerzas de seguridad entraron además en el pabellón de mujeres y apuntaron con sus armas de fuego a varias presas a la cabeza mientras las amenazaban de muerte y las insultaban.
Según la información obtenida por Amnistía Internacional, más de una decena de presos del edificio nº 8 sufrieron dolorosas heridas de perdigón, que no se trataron o recibieron un tratamiento inadecuado. Varias personas recluidas en el pabellón de mujeres y en el edificio nº 4 enfermaron a causa de la exposición al gas lacrimógeno. Las fuentes entrevistadas por la organización también expresaron su temor de que las fuerzas de seguridad hayan disparado munición real, dada la gravedad de las heridas sufridas por varios presos.
Desde la mortal violencia del 15 de octubre, las autoridades han suspendido todas las visitas a la prisión de Evín, lo cual pone a las personas allí recluidas en un mayor peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, incluida la negación de la atención médica. Tras el ataque, las autoridades trasladaron a decenas de presos del edificio nº 8, incluidos individuos que habían sufrido heridas, a un lugar desconocido, y se negaron a informar a sus familias de su suerte y paradero. Aproximadamente un día más tarde, y después de que se permitiera a algunos presos hacer breves llamadas telefónicas, se desprendió que habían sido trasladados a la prisión de Rajai Shahr, en Karaj, provincia de Alborz. Siguen sin estar claras la suerte y las condiciones de muchas otras personas presas y detenidas, incluidas las recluidas en el edificio nº 7, lo que suscita honda preocupación por su seguridad.
Relatos contradictorios sobre la cronología de los hechos y el inicio del incendio
Al atardecer del 15 de octubre se publicaron en Internet imágenes de vídeo que mostraban cómo las llamas devoraban una zona de la prisión de Evín, un enorme complejo compuesto por múltiples edificios. Según un periodista y ex preso de conciencia que conoce a fondo el diseño de esa prisión, el fuego arrasó un edificio de varias plantas que contiene un taller de costura y un anfiteatro (al que nos referiremos en adelante como el edificio del taller), situado en una zona de la prisión rodeada de altos muros y que también contiene los edificios nº 7 y nº 8.>
Las autoridades iraníes han hecho declaraciones contradictorias destinadas a atribuir la responsabilidad del incendio a los presos del edificio nº 7. Primero afirmaron que el incendio había comenzado durante una pelea entre presos condenados por robo y delitos económicos. El 17 de octubre, después de que varios expresos declararan en sus entrevistas con medios de comunicación independientes fuera de Irán que los presos no habrían tenido acceso al edificio del taller afectado por el incendio a esas horas de la noche, y de que surgieran indicios audiovisuales del uso de gas lacrimógeno y granadas paralizantes dentro de los límites de la prisión, el discurso oficial se modificó. Esta vez, los funcionarios afirmaron que el incendio había sido causado inicialmente por dos o tres presos que habían intentado fugarse prendiendo fuego a unas mantas en su pabellón y luego habían aprovechado el caos creado para llegar al edificio del taller e incendiarlo; según esta versión, las fuerzas de seguridad tuvieron que usar la fuerza para contener la situación. Ese mismo día, el presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei, describió a los responsables del incendio como “agentes del enemigo […] que facilitaron el trabajo de los centros y oficinas sionistas, estadounidenses y británicos que alimentan la guerra y generan agitación”, y pidió su procesamiento inmediato.
Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional sugiere que, en contra de las afirmaciones oficiales, el incendio se inició después de que las autoridades hicieran uso de fuerza ilegítima contra los presos. Múltiples relatos de personas presas y sus familiares señalan que los disparos comenzaron hacia las ocho de la tarde. Eso es más de una hora y media antes de las 9:29 de la noche, hora en la que, según el portavoz del departamento de bomberos de Teherán, se informó del incendio en la prisión de Evín.
El discurso oficial se vio enturbiado por nuevas lagunas y contradicciones tras la aparición de imágenes de vídeo en las que se ve, en el tejado del edificio del taller, a varios individuos vestidos de civil que avivan el incendio arrojando a las llamas lo que parece ser una sustancia inflamable. La ubicación fue confirmada por expresos que conocen de primera mano el diseño de la prisión de Evín. Éstos dijeron además a Amnistía Internacional que las puertas principales de los edificios que albergan a los presos y presas se cierran desde aproximadamente las cinco de la tarde hasta las nueve de la mañana, por lo que a los presos les resultaría prácticamente imposible llegar al tejado que se ve en el vídeo. Las autoridades iraníes tienen un largo historial de utilizar a agentes vestidos de civil en sus operaciones de seguridad.
Las autoridades no han revelado la identidad de los ocho presos cuya muerte han confirmado, y sólo han dicho que habían sido condenados por robo, lo que sugiere que formaban parte de los presos recluidos en el edificio nº 7. No se ha informado de muertes o heridas entre los funcionarios penitenciarios o miembros de otras fuerzas de seguridad destacados en la prisión de Evín el 15 de octubre.
Según las imágenes aéreas y de vídeo de la zona afectada por el incendio, éste parece haberse limitado al edificio del taller. La información obtenida por Amnistía Internacional indica que este edificio generalmente no se usa para albergar a presos o presas, pero que en el pasado, durante periodos de detenciones masivas en el contexto de protestas, incluidas las protestas nacionales de noviembre de 2019, el edificio se utilizó temporalmente como centro de detención informal para recluir a centenares de personas. En la actualidad no hay información disponible sobre si las autoridades han recurrido a esa misma práctica desde el estallido de las protestas nacionales el 16 de septiembre de 2022, y sobre si había personas detenidas en el edificio en el momento de los sucesos del 15 de octubre.
Minas terrestres en los terrenos de la prisión de Evín
En un escalofriante informe del 16 de octubre, el medio de comunicación estatal Fars News dijo que las explosiones que se oyen en algunos vídeos procedían de minas terrestres detonadas por presos que huían. Aunque los informes que manifestaban que los presos habían pisado minas terrestres fueron posteriormente negados, las autoridades no negaron el uso de ese tipo de minas en los terrenos de la prisión de Evín.>
Un periodista y ex preso de conciencia dijo a Amnistía Internacional que había visto una explosión en enero de 2020, mientras estaba recluido en el edificio nº 8 de la prisión de Evín, y que por aquel entonces los funcionarios penitenciarios habían dicho a los presos que había sido la detonación de unas minas provocada por un gato. Según este periodista, las minas están situadas en las colinas de la zona norte del recinto penitenciario, y son visibles desde algunas de las habitaciones del edificio nº 8. Amnistía Internacional tiene conocimiento de al menos otros dos expresos de Evín que han declarado en las redes sociales que es bien sabido entre la población reclusa que en las colinas del norte de la prisión hay minas terrestres, y que ellos mismos han visto u oído la detonación de minas durante su periodo en la prisión.
Las minas terrestres antipersonal están prohibidas internacionalmente, y su uso no está permitido en ninguna circunstancia. La admisión por parte del medio de comunicación estatal de que se han colocado minas terrestres cerca de pabellones penitenciarios revela el total desprecio de las autoridades iraníes por la vida humana y el derecho internacional. Es otra clara prueba más de que la crueldad de las autoridades a la hora de mantener el poder y el control no conoce límites e incluye el uso sistemático de fuerza ilegítima que se cobra vidas.
Información complementaria
El ataque contra personas recluidas en la prisión de Evín tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad siguen reprimiendo brutalmente las protestas nacionales que piden la transición de Irán a un sistema que respete la igualdad y los derechos humanos. Amnistía Internacional ha documentado el uso generalizado de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes, incluidos menores de edad.>
Dada la falta de transparencia, no existen cifras oficiales sobre el número de personas recluidas en la prisión de Evín, pero los grupos de derechos humanos calculan que esa cifra asciende a miles. Incluso antes de que estallaran las actuales protestas nacionales, cientos de presos y presas de conciencia y otras personas han sido recluidos arbitrariamente en la prisión de Evín exclusivamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos.
