Varios gobiernos de Europa y Asia Central están violando derechos humanos al reprimir manifestaciones y tratar de debilitar la independencia del poder judicial para evitar rendir cuentas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su retrospectiva anual de la situación de los derechos humanos en la región.
La organización elogia a las personas valientes que salieron a la calle para defender sus derechos y los de otras personas, aunque advierte de que los gobiernos siguen cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad en toda la región.
“En 2019 hubo personas discriminadas, amenazadas, intimidadas, sometidas a un uso excesivo de la fuerza por la policía y procesadas en toda la región de Europa y Asia Central. Sin embargo, la movilización de grupos de base formados por personas valientes que se atrevieron a alzarse ante los Estados y exigirles rendición de cuentas hace surgir un rayo de esperanza en el futuro”, ha dicho Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa.
La independencia del poder judicial, amenazada
En Polonia peligró la independencia del poder judicial, imprescindible para garantizar juicios justos y respeto a los derechos humanos, debido a que el partido gobernante tomó medidas más drásticas para controlar la judicatura y los tribunales.
Miembros de la judicatura y la fiscalía se vieron expuestos a sufrir acciones disciplinarias por pronunciarse en defensa del poder judicial, y a ser ellos mismos víctimas de violaciones de derechos humanos. Muchos fueron objeto de campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación estatales.
Los motivos de preocupación relacionados con la independencia del poder judicial también aumentaron en Hungría, Rumania y Turquía. En Hungría, el gobierno persistió en sus intentos de socavar la independencia del poder judicial, cuyos miembros fueron atacados en varios frentes. En mayo, la Comisión Europea advirtió a Rumania de que debía abordar asuntos como la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial o podía enfrentarse a la suspensión de algunos de sus derechos como Estado miembro por violación persistente de los valores fundacionales de la UE. En Turquía, aunque el Parlamento aprobó un conjunto de reformas judiciales, estas no abordaban la extrema presión política ejercida sobre el poder judicial ni ponían fin a los enjuiciamientos y fallos condenatorios injustos y basados en motivos políticos.
Libertad de reunión pacífica
En 2019 se necesitaban desesperadamente tribunales independientes para salvaguardar las libertades individuales ante el auge de las extralimitaciones del Estado, con restricciones de las protestas en Francia, Polonia y Turquía y el enjuiciamiento de manifestantes en muchos más.
Hubo manifestaciones multitudinarias en numerosos países de Europa, entre ellos Francia, Austria, Polonia, Rumania, República Checa y Hungría, en las que la población protestaba por las medidas de austeridad y la corrupción y en defensa de la justicia social y la independencia del poder judicial. Las manifestaciones y huelgas para exigir a los gobiernos que tomaran medidas contra el cambio climático adquirieron carácter periódico en importantes ciudades europeas.
Muchos Estados reprimieron las manifestaciones con medidas que violaban los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En Francia, Austria y España, cientos de personas resultaron heridas por la policía durante las protestas. La policía hizo uso excesivo de la fuerza en Francia y disolvió violentamente reuniones pacíficas en Turquía, donde se recurría habitualmente a la prohibición general de las reuniones para negar el derecho a la libertad de reunión pacífica. Con frecuencia, los Estados no exigieron rendición de cuentas a sus fuerzas de seguridad por la violencia ejercida durante las manifestaciones.
Las autoridades polacas hostigaron o degradaron a varios miembros de la judicatura que trabajaban en casos relacionados con protestas.
En Moscú y otras ciudades de Rusia, las mayores multitudes de manifestantes pacíficos vistas en muchos años protestaban por la negativa de las autoridades a permitir candidaturas de la oposición en las elecciones municipales. Como parte de la represión resultante se dictaron sentencias condenatorias contra una veintena de participantes, sólo por ejercer su derecho de protesta.
“Las represalias contra participantes en las protestas multitudinarias de Moscú desencadenaron una campaña de solidaridad sin precedentes que ha marcado un nuevo despertar de la conciencia sobre los derechos humanos y el poder de la gente en Rusia”, ha afirmado Marie Struthers.
Migración
Los Estados europeos continuaron eludiendo la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos resultantes de sus políticas migratorias “externalizando” el control de las fronteras en países con un dudoso historial de derechos humanos. En 2019, las políticas migratorias seguían anteponiendo la protección de las fronteras a la protección de vidas humanas. A pesar de la creciente inseguridad en Libia, los países europeos continuaron cooperando con este país para contener allí a migrantes y solicitantes de asilo.
En noviembre, el gobierno de Italia prorrogó otros tres años su acuerdo migratorio con Libia, a pesar de las pruebas continuadas de que se cometían violaciones sistemáticas de derechos humanos —incluidas torturas— en los centros de detención de Libia.
Ni los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos de personas refugiadas y solicitantes de asilo ni el hecho de que se les siguiera negando acceso a protección disuadieron a la UE de asociarse con Turquía para contener la migración mediante el acuerdo UE-Turquía de 2016. Antes de la incursión de Turquía en el noreste de Siria en octubre, Amnistía Internacional llevó a cabo decenas de entrevistas que apuntaban a que cientos de personas sirias probablemente habían sufrido deportación desde Turquía, entre mayo y septiembre, disfrazada de “retorno voluntario”. Además, el acuerdo está causando niveles de hacinamiento sin precedentes en los campos de las islas del Egeo, donde decenas de miles de personas viven en la miseria.
Las personas que defienden los derechos humanos, atacadas
Periodistas, miembros de la sociedad civil y otros responsables de exigir rendición de cuentas a los gobiernos sufrieron presiones en 2019.
“Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, ONG y otras personas que hicieron campaña por una sociedad más justa y equitativa sufrieron las peores consecuencias de la represión de los gobiernos en 2019”, ha manifestado Marie Struthers.
“Su labor para exigir a las autoridades que rindan cuentas será todavía más importante durante la crisis de la COVID-19 y después de ella. La humanidad y solidaridad que demuestran hacia los sectores más marginados de nuestras sociedades son ahora más necesarias que nunca, y seguirán siendo fundamentales en el periodo de recuperación tras la pandemia.”
España: restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y reunión pacífica, uso excesivo de la fuerza, abusos contra personas inmigrantes y refugiadas y violaciones al derecho acceso a vivienda.
Las penas de prisión impuestas a los líderes de la sociedad civil catalana, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y a otros siete altos cargos catalanes en noviembre de 2019 en relación con los hechos que tuvieron lugar en Cataluña en torno al referéndum del 1 de octubre de 2017 son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo. Amnistía Internacional ha pedido la libertad de “los Jordis” y la anulación de sus condenas en reiteradas ocasiones.
Tras la publicación de esta sentencia condenatoria, se produjeron actos de protesta en Cataluña. Aunque estas manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, se registraron varios incidentes violentos, durante los cuales cientos de personas resultaron heridas. Entre ellas figuraban 318 agentes de las fuerzas de seguridad, uno de ellos con lesiones graves. En varios casos, la policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes. Al menos 367 personas necesitaron atención médica y, según informes, cuatro de ellas perdieron la vista de un ojo, tras haber sido alcanzadas por balas de foam y pelotas de goma disparados por la policía.
Por otra parte, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias condenatorias dictadas contra ocho personas por su participación en una agresión que había tenido lugar en 2016 contra dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en Alsasua (Navarra), pero desestimó el agravante de discriminación y rebajó las condenas.
En relación a personas refugiadas y migrantes, entre enero y diciembre, solicitaron asilo en España 118.264 personas, de las cuales 53.723 eran mujeres. La creciente acumulación de solicitudes de asilo sin resolver seguía siendo motivo de preocupación: entre enero y diciembre, el número de personas en espera de una decisión sobre su solicitud pasó de 85.185 a 133.015. La tardanza en recibir respuesta repercutía de manera negativa en el derecho de las personas solicitantes de asilo a unas condiciones de acogida adecuadas. Además, en aplicación del acuerdo de readmisión suscrito con Marruecos en 1992, cientos de personas han sido obligadas a regresar a este país con arreglo a procedimientos acelerados que, en algunos casos, podrían no haber garantizado el acceso al asilo.
En una situación aún de dificultad económica, han continuado los obstáculos para acceder a la vivienda y a los servicios de salud. Pese a las recientes reformas, las personas migrantes en situación irregular han seguido encontrando trabas para obtener atención sanitaria.
También han continuado los desalojos tanto por impago de hipotecas como de alquileres y otros motivos, algo que ha afectado a más de 54.006 personas, quedándose muchas de ellas sin alternativa habitacional.
Por último, las autoridades han seguido recurriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana en 2019 para imponer sanciones administrativas a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. En algunos casos, estas medidas han seguido restringiendo de manera ilegítima el derecho de estas personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica y su derecho de acceso a la información.
