En medio de una profunda crisis de impunidad, se está dejando morir a los presos y presas en las cárceles de Irán, al negarles deliberadamente asistencia médica.
En un reciente Informe, titulado In death’s waiting room: Deaths in custody following deliberate denial of medical care in Iran’s prisons, Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades penitenciarias iraníes están violando el derecho a la vida, al negar deliberadamente a las personas presas enfermas la atención médica que les permitiría salvar la vida.
Las cárceles iraníes: salas de espera de la muerte
En Irán, las enfermerías de las prisiones no están equipadas con las instalaciones necesarias para tratar problemas de salud complejos ni cuentan con médicos cualificados, por lo que los presos y presas que sufren emergencias médicas y/o necesitan atención médica especializada deben ser trasladados a instalaciones externas, traslados que, sin embargo, en la mayoría de los casos, no se producen o se producen demasiado tarde para salvar la vida.
Las autoridades penitenciarias bloquean o retrasan el acceso de las personas presas a la hospitalización de urgencia, y les niegan atención sanitaria adecuada durante su encarcelamiento. Todo ello provoca el empeoramiento de sus problemas de salud que, además, puede desembocar en la pérdida de una vida que hubiera podido ser evitable.
Esta política de extrema crueldad, que desprecia la vida humana y la dignidad de las personas encarceladas, se encuentra reforzada por arraigados patrones de impunidad presentes en las instituciones penitenciarias del país, que se niegan a llevar a cabo investigaciones efectivas, exhaustivas y transparentes de las muertes bajo custodia, que puedan garantizar que los responsables sean procesados y castigados. Esto, unido al hecho de que el Reglamento Penitenciario otorga a los directores de las prisiones y de la fiscalía la facultad de ignorar o anular el asesoramiento médico y tomar decisiones sanitarias en relación con el traslado de presos enfermos, ha convertido las cárceles iraníes en la sala de espera de la muerte.
Para la elaboración de este informe, la organización ha examinado las circunstancias que rodean la muerte bajo custodia de 92 hombres y cuatro mujeres en 30 prisiones de 18 provincias de Irán desde enero de 2010. De las 96 personas presas cuyos casos examinó Amnistía Internacional, 64 murieron en prisión, donde pasaron sus últimas horas, y otras en enfermerías penitenciarias mal equipadas y con escaso personal. Otros 26 presos/as murieron durante el traslado o poco después de ingresar en el hospital, tras retrasos deliberados del personal médico y/o penitenciario, que resultaron fatales. En, al menos otros 6 casos, se trasladó a estas personas en estado crítico a pabellones de castigo o a secciones de cuarentena, donde finalmente cuatro de ellos murieron y los otros dos, lo hicieron al poco de llegar al hospital, después de haberse autorizado “demasiado tarde” su traslado.
También ha sido objeto de este informe el tratamiento de las minorías en Irán, ya que en él se documenta cómo en prisiones con una alta población de minorías oprimidas tenían un número de casos especialmente alto de muertes: 22 de las 96 muertes registradas tuvieron lugar en la prisión de Urumieh donde la mayoría de la población reclusa pertenece a las minorías kurda y turca azerbaiyana, y 13 de las muertes se registraron en la prisión principal de Zahedán, donde la mayoría de la población reclusa pertenece a la minoría oprimida baluchi de Irán.
Una celda vacía en la prisión de alta seguridad de Evin en Teherán, Irán, el 10 de febrero de 1986. © Kaveh Kazemi/Getty Images
Atención médica para las personas encarceladas de Irán
Amnistía Internacional exigeque las personas presas que sufran urgencias médicas sean atendidos inmediatamente y de forma adecuada, en instalaciones médicas que garanticen el restablecimiento de la salud y el respeto de su dignidad, y que se reforme de forma inmediata la normativa penitenciaria iraní, que concede a los directores de las prisiones y a los funcionarios de la fiscalía la facultad de ignorar o anular las recomendaciones médicas; también exige que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales, transparentes y eficaces de las causas y circunstancias de las muertes bajo custodia por parte de una autoridad independiente, para que los culpables de estas muertes sean llevados ante la justicia.
