La pena de muerte no solo sigue vigente en decenas de países, sino que en algunos ha aumentado su aplicación en los últimos años. Arabia Saudí e Irán lideraron las ejecuciones en 2024, mientras Estados Unidos reanudó su uso en varios estados. ¿Sirve realmente para frenar la delincuencia? ¿Qué delitos se castigan con la pena capital? Amnistía Internacional España te ofrece 10 respuestas imprescindibles para entender por qué esta práctica vulnera los derechos humanos y debe ser abolida en todo el mundo.
1. ¿Por qué Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte?
Es sencillo: la pena de muerte atenta contra el derecho humano más básico, el derecho a la vida, recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la forma más extrema de trato cruel e inhumano que puede ejercer un Estado. Además, siempre existe la posibilidad de ejecutar a una persona inocente, lo que constituye una injusticia tan dramática como irreversible.
En todo el mundo, la pena capital se aplica de forma discriminatoria: se condena con mayor frecuencia a personas empobrecidas, pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, o con alguna discapacidad mental o intelectual. Algunos gobiernos la utilizan, además, como herramienta de represión para silenciar a la oposición y sembrar el miedo entre la población, como se vio en Irán tras el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”. Las autoridades iraníes han ejecutado a más de 1.000 personas en lo que va de 2025, la cifra más alta de ejecuciones anuales en Irán que Amnistía Internacional ha registrado en al menos los últimos 15 años.
Activistas de Amnistía Internacional participan en una acción simbólica contra la pena de muerte y las ejecuciones en Irán. © Pierre Crom / Amnesty International
2. ¿La pena de muerte ofrece justicia a las víctimas?
Las personas que han perdido a sus familiares o seres queridos tienen derecho a que los acusados rindan cuentas ante la justicia y, si se declaran culpables, reciban una condena. Pero eso no implica recurrir a la pena de muerte. No se trata de que ningún delito quede impune o de que las víctimas dejen de recibir reparación, pero, tal y como han señalado muchas familias de personas asesinadas, la pena capital no alivia su sufrimiento: simplemente lo extiende a otra familia.
Además, no se puede hacer justicia frente a un crimen cometiendo otra injusticia. Todas las personas, por muy grave que sea el delito que hayan cometido, conservan los mismos derechos humanos. Nadie puede ser privado del derecho a la vida, por mucho dolor que haya causado. Ejecutar a alguien o incluso la sola amenaza de hacerlo constituye un trato inhumano tanto para la persona condenada como para sus seres queridos. Los países que la aplican reproducen la misma violencia que dicen combatir.
Por último, la pena de muerte guarda muy poca relación con la justicia. Tres de los Estados que más la aplican —China, Irán y Arabia Saudí— cuentan con sistemas judiciales profundamente injustos y resoluciones opacas, sin garantías.
3. ¿Sirve la pena de muerte para prevenir la delincuencia o el terrorismo?
Este es uno de los argumentos más repetidos a favor de la pena capital, pero es falso. No existen pruebas de que la aplicación de la pena de muerte sea más eficaz que las penas de prisión para evitar los delitos más graves. Al contrario: en los países que la han abolido, la delincuencia no solo no ha aumentado, sino que en muchos casos ha disminuido. Los estudios apuntan a que la forma más efectiva de prevenir la delincuencia, especialmente los crímenes violentos, es adoptar medidas estructurales que reduzcan las desigualdades sociales y la discriminación.
En cuanto al terrorismo, muchos Estados utilizan la pena de muerte para mostrar “mano dura” frente a ataques que amenazan la seguridad nacional. Sin embargo, es muy improbable que la amenaza de una ejecución detenga a personas dispuestas a morir por sus creencias, como ocurre con los terroristas suicidas.
Además, ejecutar a personas condenadas por terrorismo suele reforzar el relato de sus organizaciones, que los presentan como “mártires” y usan su muerte como justificación para nuevas acciones violentas. A ello se suma que muchas de estas condenas se dictan tras confesiones obtenidas bajo tortura, lo que resta toda credibilidad al proceso. En otros casos, se juzga a civiles en tribunales militares, algo contrario al derecho internacional.
Acción de Amnistía Internacional en La Haya (Países Bajos) para exigir a Irán que ponga fin a las ejecuciones de manifestantes. © Pierre Crom/Amnesty International
4. ¿Es mejor ejecutar a una persona que mantenerla de por vida en la cárcel?
No. Además de la propia ejecución, la espera en el llamado “corredor de la muerte” supone un ejercicio de crueldad cotidiana al que se enfrentan hombres y mujeres, culpables e inocentes, incluidos menores de edad y personas con discapacidad mental o intelectual. La pena de muerte elimina cualquier posibilidad de rehabilitación o de absolución, si finalmente se demuestra que la persona es inocente.
Siempre se puede liberar a una persona por un delito que no cometió, pero nunca se puede dar marcha atrás a la pena capital. Según la Death Penalty Information Center, (DPIC), desde 1973, al menos 200 personas condenadas a muerte en Estados Unidos han sido exoneradas tras demostrarse que eran inocentes. Lamentablemente, en algunos casos la rectificación llegó cuando ya habían sido ejecutadas.
En este sentido, cabe recordar el caso del japonés Iwao Hakamada, quien pasó 45 años en el corredor de la muerte, el periodo más largo registrado en el mundo. Fue condenado tras un juicio plagado de irregularidades, en el que denunció haber confesado bajo tortura. Durante décadas, vivió en aislamiento extremo, sin saber si cada día sería el último. Su caso se convirtió en un símbolo internacional contra la pena de muerte, y solo tras una larga campaña global de apoyo en la que participó intensamente Amnistía Internacional, fue absuelto de todos los cargos, quedando en libertad después de casi medio siglo de injusticia.
5. ¿Existen métodos de ejecución considerados humanos e indoloros?
Por su propia esencia, toda forma de ejecución es inhumana, ya que en todo caso genera un sufrimiento mental previo inimaginable tanto para la persona condenada como para sus allegados. En muchas ocasiones se presenta la inyección letal como el método “más humano”, al sugerir que inflige menos sufrimiento físico que otros procedimientos tradicionales.
Pero ese intento de presentar de forma “humana” el acto de ejecutar a una persona no es más que un blanqueamiento: busca normalizar y hacer aceptable para la sociedad que, por ley, se le pueda arrebatar la vida a alguien.
Protesta de Amnistía Internacional frente a la embajada de Irán para exigir el fin de las ejecuciones y de la pena de muerte. © Amnesty International / Stephane Lelarge
6. ¿Es válida la pena de muerte si la mayoría de la sociedad de un país la respalda?
En muchas ocasiones, el apoyo social a la pena capital se basa en ideas falsas, como que puede reducir la delincuencia, en particular los asesinatos, las violaciones o el terrorismo. Numerosos gobiernos refuerzan este argumento, aunque no exista ninguna prueba ni estudio que lo demuestre.
Además, quienes defienden esta medida pocas veces están informados sobre el riesgo de ejecutar a personas inocentes, la falta de garantías en muchos procesos y la posibilidad de que se aplique de forma discriminatoria contra minorías de todo tipo. Solo cuando los Estados ofrezcan información rigurosa podrá existir un debate público real sobre esta práctica.
En todo caso, los derechos humanos, incluido el derecho más básico –el derecho a la vida–, son universales. No pueden depender del gobierno de turno ni de lo que opine una mayoría social en un momento concreto.
Manifestación en Singapur contra la pena de muerte y la violencia de Estado. © Roslan Rahman/AFP vía Getty Images
7. ¿Qué delitos están castigados con la pena de muerte?
En la mayoría de países donde la legislación contempla la pena de muerte, esta se limita a castigar delitos como asesinatos o actos de terrorismo. Pero también existen otros Estados que aplican la pena capital a delitos que podrían considerarse menos graves o incluso a cargos sin ningún rigor jurídico.
Por ejemplo, en Irán y en varios países del sudeste asiático se sigue aplicando la pena capital por tráfico de drogas. En el caso iraní, además, se utiliza como herramienta de represión contra los levantamientos populares que reclaman más libertades y derechos, especialmente para las mujeres. Los delitos por los que se quita la vida a manifestantes pueden ser tan abstractos como “propagar la corrupción en la tierra” o “enemistad con Dios”.
Según datos de la plataforma ILGA, en una docena de países la homosexualidad sigue castigada con la pena capital. El caso más reciente y alarmante es el de Uganda, donde en mayo de 2023 el presidente Yoweri Museveni aprobó la Ley contra la Homosexualidad que contempla la pena de muerte para el delito de “homosexualidad agravada”, además de criminalizar los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo y la llamada “promoción” de la homosexualidad.
En diciembre de 2023, varias entidades presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, pero en 2024 el Tribunal Constitucional de Uganda revocó únicamente algunas partes de la norma, sin eliminar las disposiciones más graves. Esto ha provocado un aumento de los ataques contra las personas LGBTI y contra quienes las apoyan. Según datos recopilados por la ONG ugandesa HRAPF, desde su aprobación se han documentado 55 detenciones, 3 penas de muerte remitidas a la Fiscalía, 8 exámenes anales forzados, 254 desalojos y más de 200 casos de violencia o amenazas de violencia.
Amnistía Internacional ha denunciado que esta ley viola derechos fundamentales como la igualdad, la libertad personal, la protección frente a tratos crueles o degradantes y la intimidad, y ha pedido su derogación íntegra.
8. ¿En qué países se producen más ejecuciones?
En 2024, las ejecuciones a nivel mundial aumentaron drásticamente, impulsadas sobre todo por Irán y Arabia Saudí. Irán ejecutó al menos a 972 personas –el 64% del total global conocido–, usando la pena de muerte como herramienta de represión tras las protestas del movimiento Mujer, Vida y Libertad. Entre las víctimas hubo personas condenadas tras juicios sin garantías, incluyendo a un joven con discapacidad mental.
Arabia Saudí duplicó sus ejecuciones, alcanzando al menos 345. Muchas de ellas fueron utilizadas para silenciar disidencias políticas y castigar a personas de la minoría chií que participaron en protestas pasadas.
Estados Unidos también registró un repunte, con 25 ejecuciones, la segunda cifra más alta desde 2015. Cuatro estados reanudaron su uso y Alabama triplicó su número de ejecuciones.
Otros países con aumentos significativos fueron Irak (63 ejecuciones) y Yemen (38). En cambio, en África Subsahariana se observó una caída, con Somalia como el único país de la región que continuó ejecutando.
A pesar del panorama desolador, hubo algunas buenas noticias: Bangladesh no registró ninguna ejecución por primera vez desde 2018.
Las cifras globales no incluyen los datos de China, Corea del Norte y Vietnam, países donde el secretismo impide conocer el número real, aunque se cree que es muy elevado.
Protesta de Amnistía Internacional frente a la embajada de Singapur en Kuala Lumpur contra la ejecución de Pannir Selvam, condenado a muerte por drogas en Malasia. © NurPhoto via Getty Images
9. ¿Se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte?
La respuesta es compleja. Aunque en los últimos años se ha registrado un aumento en el número de ejecuciones, cada vez menos países aplican la pena capital. Según datos de Amnistía Internacional, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones en 2024, frente a 20 en 2022 y 16 en 2023, lo que representa la cifra más baja registrada por la organización.
Al finalizar 2024, 113 países habían abolido completamente la pena de muerte y 145 la habían eliminado en la práctica o por ley. En diciembre de ese año, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU apoyaron una resolución para establecer una moratoria sobre su uso. Este avance contrasta con 1977, cuando solo 16 países habían abolido esta práctica. Hoy en día, más de dos tercios del mundo están comprometidos con su eliminación definitiva.
10. ¿Cómo afecta la pena de muerte a las mujeres?
En 2024, de las 1.518 ejecuciones registradas en el mundo, 44 correspondieron a mujeres, ejecutadas en países como Arabia Saudí, China, Egipto, Irak, Irán y Yemen.
Desde Amnistía Internacional hemos documentado que muchas de estas mujeres habían sufrido violencia y abusos sexuales antes de los delitos por los que fueron condenadas. En numerosos casos, estos abusos fueron factores determinantes que contribuyeron a la comisión de los crímenes.
Condenarlas a pena de muerte no solo perpetúa un castigo inhumano y cruel, sino que también revela la falta de protección y las medidas insuficientes de las autoridades frente a la discriminación de género.
Otras preguntas frecuentes sobre pena de muerte
A lo largo del artículo hemos visto las principales dudas sobre la pena de muerte. Sin embargo, siguen surgiendo otras preguntas habituales que merece la pena responder. Aquí encontrarás algunas de ellas, con información breve y actualizada:
El corredor de la muerte simboliza el sufrimiento inhumano que acompaña a la pena de muerte en prisiones de todo el mundo. © Freepik
En 2025, aproximadamente 55 países mantienen la pena de muerte en sus leyes, pero la gran mayoría no la aplica de manera regular. Solo en alrededor de 15 países se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en 2024, según los registros documentados por Amnistía Internacional.
2. ¿Qué países ejecutan a más personas cada año?
En 2024, los países con más ejecuciones fueron China (cifras secretas, probablemente miles), Irán (al menos 972), Arabia Saudí (345), Irak (al menos 63) y Yemen (38). Irán, Arabia Saudí e Irak concentraron el 91% de las ejecuciones conocidas a nivel mundial, según Amnistía Internacional.
3. ¿Qué países aplican la pena de muerte por delitos relacionados con drogas?
Varios países siguen aplicando la pena de muerte por delitos de drogas, especialmente Irán, Arabia Saudí, China y Singapur, y probablemente Vietnam (por la falta de transparencia estatal). Este uso vulnera el derecho internacional, que limita la pena capital a los “delitos más graves”. Amnistía Internacional ha documentado que estas ejecuciones afectan de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos y suelen estar marcadas por juicios irregulares, denuncias de tortura y discriminación. No existe evidencia de que estas penas reduzcan el narcotráfico y, con frecuencia, criminalizan la pobreza y golpean a colectivos especialmente vulnerables.
4. ¿Qué métodos de ejecución se utilizan hoy en día?
Los más comunes son la inyección letal, la horca, la decapitación, la electrocución y, en algunos países, el pelotón de fusilamiento.
5. ¿Cuál fue la primera vez que la ONU pidió abolir la pena de muerte?
En 1977, la Asamblea General de la ONU aprobó la primera resolución instando a los Estados a establecer una moratoria en las ejecuciones.
6. ¿Se aplica la pena de muerte en España actualmente?
No. España abolió la pena de muerte y hoy está prohibida en toda su legislación. Aunque el artículo 15 de la Constitución conserva una mención histórica a una posible excepción en tiempo de guerra, esa posibilidad quedó suprimida por ley en 1995. Amnistía Internacional defiende eliminar esa referencia constitucional y prohibirla de forma absoluta.
