En varios países, la pena de muerte no se emplea para impartir justicia, sino para acallar la disidencia y exhibir “mano dura”. En Irán, tras las protestas de Mujer, Vida y Libertad, se han dictado condenas y ejecuciones por cargos vagos de seguridad nacional, con un impacto desproporcionado en minorías como la kurda, baluchi y afgana. En Arabia Saudí, miembros de la comunidad chií han sido condenados a muerte por delitos de “terrorismo”, incluso en casos de personas detenidas siendo menores de edad. En la República Democrática del Congo proliferan condenas a muerte en tribunales militares, y Japón reactivó las ejecuciones en 2025 mientras esgrimía encuestas de opinión. A esto se suma el auge de ejecuciones por delitos de drogas en varios países, pese a que no existe evidencia de su efecto disuasorio.
La pena de muerte para aplastar la disidencia
Irán: la pena de muerte como herramienta de represión tras las protestas Mujer, Vida, Libertad
Desde las protestas de Mujer, Vida, Libertad en 2022, las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para aplastar la disidencia. Personas que participaron en las manifestaciones o que expresaron su apoyo a ellas han sido detenidas, torturadas y condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales revolucionarios.
En 2025, Irán alcanzó la cifra más alta de ejecuciones en al menos los últimos 15 años, con más de 1.000 personas ejecutadas en apenas nueve meses. Muchas de esas condenas se dictaron por cargos vagos o arbitrarios, como “enemistad contra Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) o “rebelión armada contra el Estado” (baghi).
Las ejecuciones han tenido un impacto desproporcionado sobre las minorías marginadas, en especial las comunidades baluchi, kurda y afgana. En junio de 2025, las autoridades ejecutaron a Mojahed (Abbas) Kourkouri, condenado por su presunta participación en las protestas de 2022 tras un juicio sin garantías. Entre las personas actualmente en riesgo de ejecución figuran Pakhshan Azizi, Sharifeh Mohammadi y Verisheh Moradi, defensoras de los derechos de las mujeres y personas refugiadas.
Manifestación en Berlín frente a la Puerta de Brandeburgo para exigir el fin de las ejecuciones en Irán y la abolición de la pena de muerte. © picture alliance / SZ Photo | Olaf Schülke
Arabia Saudí: represión de la minoría chií y el uso del “terrorismo” como pretexto
En Arabia Saudí, la pena de muerte se ha convertido en una herramienta para sofocar la disidencia y castigar a la minoría chií, históricamente marginada. Entre enero de 2022 y junio de 2025, las autoridades ejecutaron a 183 personas por delitos de “terrorismo”, de las cuales al menos el 40% eran chiíes, a pesar de que este grupo representa solo entre el 10% y el 12% de la población.
Muchos de estos casos se relacionan con las protestas pacíficas de 2011 en la Provincia Oriental, donde la comunidad chií exigía igualdad y reformas políticas. Varias personas fueron condenadas a muerte por cargos imprecisos, sin pruebas creíbles y tras haber sido torturadas para obtener confesiones.
Entre los casos más graves se encuentra el de Abdullah al Derazi, arrestado a los 17 años y condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto. Permaneció tres años detenido sin acceso a asistencia letrada y denunció haber sido torturado, pero el tribunal ignoró sus alegaciones. Su ejecución, de producirse, violaría directamente el derecho internacional, que prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de edad en el momento del delito.
República Democrática del Congo: condenas a muerte y juicios militares
En la República Democrática del Congo (RDC), el número de condenas a muerte ha aumentado de forma alarmante en los últimos meses. El gobierno ha recurrido a tribunales militares para imponer la pena capital, incluso contra civiles, en violación de las normas internacionales de derechos humanos.
El 30 de septiembre de 2025, un tribunal militar condenó a muerte en ausencia al expresidente Joseph Kabila, acusado de traición y otros delitos graves en un proceso plagado de irregularidades. La RDC también ha impuesto la pena de muerte a Gradi Koko Lobanga y Navy Malela, denunciantes de corrupción que revelaron un caso de blanqueo de dinero. Ambos fueron condenados en ausencia, sin defensa y sin haber sido informados adecuadamente de los cargos.
La pena de muerte como herramienta de control y miedo
En muchos países, la pena de muerte se utiliza como una puesta en escena de fuerza y control, no como una respuesta real al crimen. Los gobiernos autoritarios y populistas la presentan como una herramienta eficaz para garantizar la seguridad pública, aunque no exista ninguna evidencia de que tenga efecto disuasorio. Esta estrategia política se apoya en narrativas de miedo, en la creación de chivos expiatorios y en encuestas manipuladas que legitiman el castigo más extremo.
Cómo los gobiernos usan la pena de muerte para aparentar fuerza y autoridad
El discurso de la “mano dura” suele basarse en una falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos. En contextos donde aumenta la desigualdad o la desconfianza hacia las instituciones, muchos gobiernos promueven la idea de que solo mediante la represión se puede mantener el orden.
Para reforzar ese relato, se recurre a grupos marginados –migrantes, minorías étnicas o personas acusadas de delitos de drogas– como culpables convenientes de los problemas sociales. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, las autoridades justificaron ejecuciones de presuntos delincuentes comunes como símbolo de firmeza ante la inseguridad urbana. En Irán, las autoridades usaron un lenguaje racista y deshumanizador contra la comunidad afgana, acusándola falsamente de espionaje, en un intento de distraer la atención de la represión interna.
“La pena de muerte se usa en muchos países como una herramienta política para aparentar control y autoridad, no para hacer justicia ni garantizar seguridad.”
Estas narrativas del miedo buscan proyectar una imagen de autoridad y control, mientras desvían el foco de la corrupción, la desigualdad o la falta de libertades. En la práctica, convierten la pena de muerte en un instrumento político, y no en una medida de justicia.
Japón: el apoyo ciudadano como excusa para seguir ejecutando
En junio de 2025, el gobierno de Japón reanudó las ejecuciones después de una pausa significativa, alegando que eran necesarias para mantener la seguridad pública y combatir la delincuencia. La decisión se produjo apenas unos meses después de la absolución de Hakamada Iwao, el preso que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte en todo el mundo, tras más de 45 años de espera. Su caso había dejado al descubierto las profundas injusticias del sistema penal japonés, basado en confesiones forzadas y procesos poco transparentes.
En lugar de reconocer esas injusticias, el Ministerio de Justicia citó los resultados de una encuesta gubernamental realizada a finales de 2024 para justificar la reanudación de las ejecuciones. Según el propio gobierno, la mayoría de la población “consideraba necesaria” la pena de muerte, aunque no hicieron públicos los detalles de la metodología ni las preguntas utilizadas.
Protesta frente al consulado iraní para exigir la liberación de Jamshid Sharmahd y el fin de las ejecuciones. © picture alliance/dpa | Ardavan Safari
La “guerra contra las drogas” y el auge de las ejecuciones
En los últimos años, la llamada “guerra contra las drogas” se ha convertido en uno de los principales motores del aumento de ejecuciones en el mundo. Gobiernos de Asia y Oriente Medio continúan violando el derecho internacional al imponer la pena de muerte por delitos de drogas, pese a que las normas internacionales prohíben aplicarla a delitos no violentos.
Amnistía Internacional registró en 2024 más de 630 ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que representa el 42% del total mundial y el número más alto desde 2015. Detrás de estas cifras hay una política que confunde justicia con castigo y sacrifica vidas humanas en nombre de una falsa seguridad.
En Irán, las autoridades llevaron a cabo alrededor de 500 ejecuciones por delitos de drogas en 2024. Lejos de frenar el narcotráfico, el gobierno utiliza estas ejecuciones como instrumento de control social, especialmente contra personas de comunidades baluchi, kurda y afgana, desproporcionadamente afectadas.
En Arabia Saudí, las ejecuciones por drogas se multiplicaron por más de 60: de solo 2 en 2023 a 122 en 2024, lo que supone el 35% del total nacional. La mayoría de las personas ejecutadas eran trabajadores migrantes extranjeros, sin acceso a defensa legal ni intérprete.
En Singapur, ocho de cada nueve ejecuciones realizadas en 2024 estuvieron relacionadas con delitos de drogas. El país mantiene una de las leyes antidroga más severas del mundo, donde la posesión de cantidades mínimas puede acarrear automáticamente la pena de muerte.
En China, aunque el número de ejecuciones se mantiene en secreto de Estado, fuentes oficiales han confirmado que también se aplican por delitos de drogas, lo que apunta a cientos o incluso miles de casos cada año.
Qué exige Amnistía Internacional ante el uso político de la pena de muerte
El uso de la pena de muerte como herramienta política –ya sea para acallar la disidencia, dar apariencia de fuerza o legitimar la represión estatal– constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos. En todos los casos, se trata de una forma extrema de violencia institucional que niega el derecho a la vida y agrava la injusticia.
Exige a todos los gobiernos:
- Detener de inmediato todas las ejecuciones y establecer una moratoria oficial sobre la pena de muerte como primer paso hacia su abolición total.
- Conmutar todas las condenas a muerte por penas de prisión, garantizando juicios justos y respeto a los derechos humanos.
- Revisar los casos de personas condenadas tras procesos injustos, confesiones obtenidas mediante tortura o acusaciones de motivación política.
- Proteger a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, disidentes y minorías perseguidas, que son las más afectadas por el uso arbitrario de la pena capital.
- Transparencia y rendición de cuentas, publicando datos completos sobre condenas, ejecuciones y condiciones del corredor de la muerte.
